Por José Luis Ahuactzin

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado viven su propio karma al estar involucrados en escándalo tras escándalo, y parece que las instalaciones nuevas en Ciudad Judicial no les favorecieron e iniciaron con el pie izquierdo.

Es en la presidencia de Héctor Maldonado Bonilla que se acentuó una serie de escándalos que dieron nota local sino hasta nacional por el sueldazo de 205 mil pesos.

Pero vayamos por partes porque existen registros desde hace años, entre los más destacados que el exgobernador Mariano González criticó la impartición de justicia en el Estado, por la liberación de tratantes, como fue el caso de Valentín Rojas.

En 2012 la justicia federal echó abajo la designación de jueces de la Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes, por  un procedimiento irregular; por el exceso de recursos públicos, desde el 2011 se planteó disminuir de 14 a nueve el número de magistrados y generar ahorros.

En el 2014 el entonces presidente  de la CEDH, Francisco Mixcoatl Antonio, reveló que un estudio sobre corrupción en juzgados de Tlaxcala, arrojó que la percepción social es que son lugares (los juzgados) donde la justicia funciona sólo cuando hay sobornos.

Desde el 2016, Maldonado Bonilla designado por el Congreso como magistrado al haber sido el consejero jurídico del Gobierno de Mariano González Zarur, de funcionario a magistrado.

En el 2018, la activista Rosi Orozco, pidió que el Consejo de la Judicatura, investigue al magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, al detectar por lo menos en 54 casos de personas detenidas por delitos graves y de alto impacto han sido liberadas.

MANEJO DE RECURSOS

En eso del manejo de dineros en el TSJE, en el 2015, en una de tantas revisiones, el OFS destapó la cloaca que existe entre los integrantes de ese poder desde la cuenta pública de la cuál este comunicador posee una copia.

Por ejemplo, los magistrados, los consejeros de la judicatura y un selecto grupo de funcionarios recibieron jugosos sueldos, compensaciones y gratificaciones hasta sobregirar la partida del capítulo 1000, de “servicios personales”.

La integración de la cuenta pública irregular de ese año, de los meses de enero y febrero del 2015 que estuvo el ahora exmagistrado Tito Cervantes Zepeda, y desde marzo asumió funciones la actual presidenta Elsa Cordero Martínez, evidenció las ambiciones.

El TSJE sobregiró un total de 31.3 millones de pesos de 3 capítulos, de los cuales 30.6 millones fueron para “servicios personales”; del capítulo 2000, “materiales y suministros” fue por 609 mil 652.41 pesos; y en el 3000, “servicios generales”, se desfasó con 84 mil 999.83 pesos.

Para la sesión de fotografías a magistrados, el TSJE pagó 24 mil pesos amparada bajo la factura  con número de folio fiscal 87B73A64-1F33-4B40-AE1B20853CF66D4C.

Los magistrados recibieron un “bono especial” que en conjunto fue por 13 millones 230 mil 580.60 pesos; un  «subsidio al empleo» por el que se gastó 51 millones 538.24 pesos, pero este sólo se otorgó a 9 servidores públicos, que coincidió con el número total de magistrados.

El fin de año compraron un “arcón y pavo del año” gastando 862 mil 500 pesos; se dieron el lujo de chocar una unidad automotora calificada como “daño total” sin que hasta diciembre del 2015 se hubiera cubierto el recurso por 160 mil 457 pesos, debido a que “alguien” causó el daño.

102 servidores públicos por “servicio médico” rebasaron los 60 mil pesos que tienen como parámetro de gasto anual, por lo que los 6.1 millones de pesos no eran justificados por violar la norma interna.

Pagaron prótesis dentales por 10 mil 650 pesos; gastos de servicio médico por 14 mil 900 pesos de la partida 154K, mediante la póliza D01NMP0004; 80 mil pesos más de la partida 1544 «Servicio médico a funcionarios» a favor del tesorero del poder Judicial; pagaron 8 mil 177.43 pesos “por la atención médica a un servidor público del poder Judicial”, dice el reporte.

Pagaron 9 mil 502.40 pesos a un consejero de la Judicatura por la compra de medicamentos por los importes de 4 mil 759 pesos y 4 mil 512 pesos, respectivamente; además, se detectó que realizaron el pago de gastos médicos por 30 mil 371.79 pesos al entonces magistrado de la Sala Civil; y otro magistrado más –no revelaron los nombres- como gasto médico por 90 mil 609.20 pesos.

Del periodo de enero-febrero realizaron el pago a 46 servidores públicos de la nómina «Apoyo a Visitadurías» por un millón 123 mil 197 pesos sin que realizaran la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Del mismo rubro de “Apoyo a Visitadurías” de Marzo a Octubre se desembolsó la cantidad acumulada de 4 millones 546 mil 133 pesos, y de noviembre a diciembre la cantidad acumulada de un millón 70 mil 672 pesos.

Detectaron pagos en el mes de marzo por servicios de arrendamiento y gasto médico del personal del poder Judicial del ejercicio fiscal 2014 y que se siguieron pagando con el presupuesto del 2015.

De los viajes o salidas a otras entidades del país, por ejemplo, del secretario proyectista – no refirió la Sala- cuyo gasto fue a la Ciudad de México por 10 mil 540 pesos con cargo a las partidas 2211 «Productos alimenticios para personas», 2611 «Combustibles, lubricantes y aditivos»; pero un mismo viaje para el secretario ejecutivo cuyo cargo a las partidas 3721 «pasajes terrestres» y 3751 «viáticos en el país” pagó a la Ciudad de México…” 2 mil pesos.

El OFS detectó precios inflados en la compra de dos cartuchos de tambor para WORKCENTRE por 16 mil 419.68 pesos cuando en el mercado el precio fue más económico, por 7 mil 741.68 pesos.

En cuatro meses el TSJE compró vales de gasolina por 705 mil 800 pesos sin justificar sus bitácoras; y pagaron 2 mil 499.99 pesos por la compra de 50 termos otorgados al Instituto Estatal de la Mujer en ese año “siendo improcedente esta erogación por no corresponder a la procuración de justicia…”.

Así se las gastan los magistrados que año con año exigen aumentos presupuestales; lo cierto es que el dinero otorgado es para sueldos y demás canonjías propias de la ambición desmedida.