Por Esteban García

Vaya ejemplo de austeridad y congruencia nos dejaron los legisladores locales con la aprobación del Presupuesto de Egresos 2019.

Mientras hicieron recortes a educación, seguridad pública y desastres naturales, se autoasignaron dinero para financiar obras en municipios. Es decir, les importó más tener dinero para hacer banquetas y obras de ese calibre -abriendo sospechas de moches con los alcaldes- que reforzar el gasto para combatir el delito, ampliar la cobertura de la educación básica y atender posibles contingencias, como lo sismos de 2017.

Los 19 diputados de mayoría que se impusieron en la aprobación del presupuesto conformaron una partida para el “Fortalecimiento a la Autonomía Municipal” por 250 millones de pesos, con la idea de que cada legislador local contara con 10 millones para designar obras en las comunas de sus distritos; sin embargo, los del bloque PRI-PAN-PANAL-MC-PVEM rechazaron tales recursos, a modo de inconformidad por los excesos, por lo que cada uno contará con 13 millones para acciones de infraestructura.

A ello se debe sumar el hecho de que autorizaron para el Congreso local un presupuesto por más de 307 millones de pesos, de los cuales más de 235 millones serán exclusivos para sueldos de diputados, empleados, y gestión social entre otros puntos, gasto que en 2018 fue de 178 millones pesos.

De esa proporción es la austeridad republicana. Los diputados de la llamada “Cuarta Transformación” se sirvieron con la cuchara grande, en agravio de la ciudadanía, que resentirá los efectos de sus mañosas decisiones.

¿INDOLENCIA?

Algunos ajustes hechos por el Congreso local al Presupuesto de Egresos 2019 resultan preocupantes.

Por ejemplo, los diputados locales redujeron 150 millones de pesos a Seguridad Pública, pese a ser un eje prioritario, no solo a nivel estatal sino federal. Que el Fondo para el Fortalecimiento a la Seguridad Pública pasara de 200 a 50 millones de pesos nos lleva a preguntarnos qué tan importante es el combate a la delincuencia, cuando se requieren recursos para la compra de patrullas, el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento tecnológico, y la capacitación policial.

También recortaron 130 millones a la partida de Apoyos para Educación Básica, y con los 35 millones que se le etiquetaron es difícil de creer que no habrá afectación para los estudiantes, luego de que maestros del SNTE expresaron su rechazo a tal determinación, dado que ello impactará negativamente en el sector.

Estas deliberaciones suponen desconocimiento de las prioridades sociales, por no decir ignorancia o, peor aún, indolencia.

Ya no hablemos de la reducción de 70 millones a las previsiones salariales de la Oficialía Mayor, y los 25 millones a Pensiones Civiles, que lastimarán las prestaciones y derechos de los trabajadores del estado. Por algo los del Sindicato 7 de Mayo ya muestran preocupación.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS

El Congreso local tendrá que reactivar actividades antes de lo que los diputados tenían planeado, pues le fueron remitidas observaciones al Código Financiero y a la Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del Presupuesto Público, ambos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por parte del Gobierno del Estado.

Después del debido análisis, la administración estatal advirtió que los legisladores locales se extralimitaron al imponer criterios que violan la autonomía presupuestal del Ejecutivo estatal, el Poder Judicial y los municipios.

Ejemplo de la subordinación que los diputados quieren imponer a los otros entes de la administración pública, y que afecta a los trabajadores del estado, es el planteamiento de desaparecer súbitamente el Módulo Médico y los servicios de salud, sin contar con un esquema de sustitución para ello. También el interés de bajar salarios cuando ni un trabajador del Ejecutivo supera el salario máximo que establece la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Sin duda, la capacidad de diálogo del Gobernador será indispensable para construir soluciones con el Congreso local, en un momento en el que la austeridad es mal entendida como la necesidad de gastar menos, cuando el criterio debería ser gastar mejor.

Ya veremos si la militancia de Morena es congruente y le recuerda a sus diputados que prometieron bajarse el salario, lo que hasta ahora no han hecho.