Por Esteban García

La empresa Pronto se precipitó al iniciar funciones en Tlaxcala. Creyeron que, por el mero hecho de que el servicio de transporte de pasajeros tipo taxi, a través de una plataforma digital, no está regulado, podían entrar en operaciones, así como así. Pero, en realidad, permanecen en la informalidad y, por tanto, en la ilegalidad.

Los empresarios de Pronto se inconformaron por el operativo que emprendió la Secte, a través del cual cuatro unidades fueron remitidas al corralón. En rueda de prensa, casi casi aseguraron que podían trabajar en impunidad, aludiendo resolutivos de la Corte federal. Pero lo cierto es que el artículo 4 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado señala que, para que los particulares tengan derecho a utilizar con fines comerciales las vías estatales de comunicación, se requiere concesión o autorización del Ejecutivo del Estado, y los de Pronto no la tienen.

De hecho, el artículo 396 del Código Penal estatal establece penas de multa y hasta prisión para quienes posean, conduzca o presten servicio público de transporte de pasajeros, carga o mixto, sin concesión, permiso o autorización del Gobierno del Estado, de modo que, hasta ahora, les ha salido barata su imprudencia.

Mal hacen los emprendedores de Pronto en confrontarse con el gobierno, cuando empezaron al revés: debieron contar con alguna autorización para usufructuar las vías de comunicación, y después lanzar con bombo y platillo su esquema de negocios.

El tema no es impedir el funcionamiento de Pronto, sino que estos servicios estén debidamente regulados. Hasta ahora no se tiene conocimiento del número exacto de unidades, ni de la probidad de sus choferes, ni de las condiciones de sus unidades. Es decir, hay mucha información vital que se desconoce de esta empresa que reclama lo que hasta ahora no ha sido capaz de ofrecer: legalidad.

Intereses mezquinos

El Gobierno del Estado ha anunciado que, en caso de que avance la propuesta de conformar una Zona Económica Especial (ZEE) en Puebla, se solicitará al gobierno federal la inclusión de Tlaxcala, a partir del criterio de zona de influencia, establecido en la ley.

En efecto, ambas entidades forman parte de la cuarta zona metropolitana más grande del país, y comparten una extraordinaria ubicación geográfica que ofrece riqueza y valor a la población, de modo tal que son motor de referencia económica a nivel nacional que representa posibilidades de desarrollo, de modo que se debe pensar en términos metropolitanos.

Por ello, resultan mezquinas las declaraciones de la diputada federal, Minerva Hernández, que reprochó al Ejecutivo estatal haberse “fusilado” su propuesta de incluir a Tlaxcala en la eventual ZEE de Puebla.

Se ve mal que, como aspirante a una candidatura, trate de ganar reflectores presumiendo la “autoría” de una propuesta que, en los hechos, carece de exclusividad.

Esa es una de las razones por las que Tlaxcala no avanza: son las motivaciones políticas, las agendas particulares, las que se imponen a los intereses legítimos de la gente.

Establecer una zona económica especial que pase por alto esta circunstancia crea un muro excluyente, limitativo, que afecta, más que a una entidad federativa, a cadenas productivas en su conjunto que está entrelazadas. Esa es la razón por la que es inadmisible, y por las que los actores deben luchar con todos los elementos a su alcance para que prevalezca en la región la visión común y la actitud colaborativa que permita a la región ser más competitiva.

Inversión y empleo

Para muchos pasó inadvertido un importante dato del mensaje que emitió el Gobernador Marco Mena con motivo de su informe: que se instalará en Tlaxcala la empresa Lavartex, de capital mexicano, especializada en lavado industrial de ropa y uniformes, con una inversión 25 millones de dólares.

De acuerdo a la CTM, Tlaxcala cierra bien en términos de empleo el año 2017, ya que hubo un repunte, principalmente en el sector autopartes, cerámica y servicios; además, no hubo reporte de paro técnico o situaciones que disminuyeran los procesos productivos, gracias al adecuado ambiente de negocios que favorece la inversión y el empleo.

Tan es así que empresarios avanzar en la concreción del proyecto para crear el Parque Industrial Privado de Sanctórum; incluso se prevé que, en el transcurso del siguiente año, inicie la instalación de empresas.

Por ahora, el ritmo de crecimiento del empleo se mantiene, y tras 11 meses consecutivos con números positivos, en noviembre se alcanzó una nueva cifra histórica de 98 mil 993 trabajadores afiliados al IMSS. Nada mal para un primer año de gestión.