Por Edgardo Cabrera

En el momento de mayor solidaridad la clase política, y en particular algunos diputados y partidos políticos, muestran mayor mezquindad.

Ayer martes de nueva cuenta PAN y PRD usaron la Tribuna del Congreso local para tratar de sacar raja política, al “exigir un informe” al Ejecutivo sobre la aplicación de los recursos federales del ramo 33.

La realidad es que no existe una verdadera preocupación por el uso de ese fondo, y es que dicha información se les proporciona de forma obligada con la cuenta pública.

El asunto es que buscan hacer ruidos y meter presión al gobernador para que les libere 25 millones de pesos adicionales para usarlos a discreción toda vez que se niegan a presentar un proyecto ejecutivo que especifique cómo y en qué van a aplicar ese dinero que dejó etiquetada la pasada administración al Congreso.

Por si fuera poco, y en eso del doble discurso, hasta ayer martes ningún diputado había cumplido su palabra de donar a favor de los damnificados o para la reconstrucción, tras el sismo del 19 de septiembre, tampoco los partidos habían renunciado a sus prerrogativas locales.

Sin duda alguna, la mezquindad los evidencia.

Coscorrón

En eso de su agenda personal y de revanchismo político, hoy en la sesión de la Comisión de Finanzas del Congreso local habrá malas noticias para más de un presidente municipal antagónico a las siglas de quien preside dicho grupo de trabajo legislativo.

Resulta que por iniciativa del perredista Alberto Amaro se iniciará un procedimiento legal para remover a tesoreros y directores de obra pública que no tienen el perfil y trasciende que el mayor número de estos funcionarios corresponden a ayuntamientos priístas.

Queda claro que el golpeteo político está a la orden del día en vísperas del arranque del proceso electoral local, tal y como ocurrió con la dictaminación de cuentas públicas al repetirse los mismos vicios del pasado.

Pugna

Y para rematar, en eso de las pugnas partidistas de cara a las elecciones del 2018, el lunes y a petición del PRI se le prohibió a Gregorio Cervantes, secretario técnico de la Comisión de Finanzas y vasallo de Alberto Amaro, recibir las cuentas públicas.

Ahora el trámite lo deberán hacer los entes fiscalizables directamente en la Secretaría Parlamentaria con lo que se le quitó dicho coto de poder al ex diputado local y frustrado candidato a la alcaldía de Apizaco.

Por ello es que al interior de la Comisión de Finanzas andan que no les caliente ni el Sol Azteca.