En respuesta a sus recientes declaraciones, las cuales han sido publicadas en diversos medios de comunicación locales, relacionadas con el procedimiento iniciado por la suscrita ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado sobre el proceso de selección para ocupar la Presidencia e integrar el Consejo Consultivo, ambos de la Comisión Estatal de Derecho Humanos, me permito hacer las siguientes precisiones:

En primer lugar, he de decir que los argumentos fundamentales de la única demanda interpuesta por mi persona obedecen al respeto del principio de legalidad que debe regir los actos de todas las autoridades y servidores públicos en el país, y que consiste en el actuar de acuerdo a lo que la ley mandata, principio consagrado en nuestra Constitución Política federal y estatal, así como en diversos Tratados Internacionales de los que México forma parte, integrando el catálogo de derechos humanos de los que como ciudadana soy titular. Por lo tanto, al considerar la vulneración del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, así como otros derechos en el procedimiento legislativo de referencia, la suscrita hizo uso de los propios medios de protección que la ley establece ante tales violaciones, como lo es el Juicio de Protección Constitucional promovido.

En segundo lugar, la Ley de Control Constitucional del Estado de Tlaxcala establece claramente el procedimiento a seguir y los recursos que pueden hacerse valer dentro del mismo, tan es así que el propio Congreso del Estado, como parte de su estrategia jurídica, interpuso un recurso de revocación en contra de la suspensión otorgada a la suscrita dentro del Juicio de Protección Constitucional; dentro de ese recurso, fui notificada de un acuerdo sobre la inadmisibilidad de determinadas pruebas que ofrecí y que considero violatorio de la propia Ley, motivo por el cual interpuse un recurso de revocación en contra de dicho acuerdo, lo que, subrayo, no es un nuevo juicio para anular todo el proceso de selección como falsamente usted ha informado a los medios de comunicación y a la sociedad tlaxcalteca.

El recurso que promoví se encuentra contemplado dentro de la propia Ley de Control de Constitucional, de la cual usted debería tener conocimiento como Diputado o bien las personas que lo asesoran, a efecto de hablar con mayor certeza a la ciudadanía y no generar confusiones sin sentido, al afirmar que utilizando “argucias legales” inicié un nuevo procedimiento de nulidad en contra del Congreso del Estado, ya que tales afirmaciones, reitero, son falsas y ponen en entredicho la profesionalidad de la suscrita, circunstancia que en alguna otra ocasión usted ya ha intentado realizar y que ameritó que presentara una queja por discriminación ante el CONAPRED, resultando en la emisión de medidas cautelares a efecto de que dejara de realizar declaraciones que pudieran devenir en actos de discriminación hacia la suscrita, en mi calidad de aspirante a ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derecho Humanos.

En tercer lugar, reitero mi respeto a las instituciones públicas y desde luego al H. Congreso del Estado, del cual usted forma parte, por lo que a efecto de evitar un mayor descrédito de dicho Poder y del resto de los diputados integrantes del mismo, le pido que se informe adecuadamente sobre los procedimientos legales del Juicio de Protección Constitucional promovido por la suscrita, a fin de que actúe con mayor prudencia política en beneficio de la institución que representa y permitir que el procedimiento iniciado ante los tribunales llegue a su término dentro del marco de un Estado de derecho que tanto representantes políticos como ciudadanos debemos fomentar.

A T E N T A M E N T E

Tlaxcala, Tlax., a 06 de septiembre del 2016

ALMA CARINA CUEVAS FERNANDEZ