Los derechos humanos en México
2 de agosto - 2016

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Por Benjamín Nava Bautista

Los derechos humanos son aquellos derechos que pertenecen a todas las personas por el solo hecho de serlo. A su vez, estos derechos son independientes de los atributos de las propias personas como son: origen étnico, color, nacionalidad, religión, sexo, condición social, estado civil, opinión política o cualquier otra condición. Su finalidad es la de proteger principalmente la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la propiedad de cada ser humano.

Los derechos humanos en México se clasifican en tres tipos:

  1. a) Derechos individuales de tipo civil y político: el titular de los derechos civiles es básicamente el individuo y, en el caso de los políticos, el ciudadano. Entre los derechos civiles se cuentan los derechos a la vida, la libertad o a la seguridad jurídica y entre los políticos, los derechos a votar y ser votados. En México, los derechos civiles están contenidos en los primeros 29 artículos constitucionales y los políticos en el artículo 35.
  2. b) Derechos sociales: los titulares de estos derechos son determinados grupos sociales. Son derechos que surgen a partir de la Constitución de 1917 luego de la Revolución Mexicana. Están contenidos en los artículos 3, 4, 27 y 123 constitucionales y establecen los derechos a la educación, protección de la salud, y los derechos de los niños, campesinos y trabajadores, entre otros.
  3. c) Derechos de los pueblos o naciones: los titulares de estos derechos son todo un pueblo o comunidad. Son derechos contenidos en los artículos 2, 4, 27, 39, 89 fracción X y último párrafo del artículo 115 constitucional. Se refieren a los derechos de los pueblos indígenas, la protección del medio ambiente, y la libre determinación de los pueblos.

Asimismo, los derechos humanos en nuestro país se protegen principalmente por tres vías:

  1. a) Protección legislativa

El artículo 1 constitucional señala, en su primer párrafo, que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Referente a los tratados internacionales, el artículo 133 constitucional precisa que los mismos, junto con la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión, serán considerados como la Ley Suprema de toda la Unión. De esta manera, los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

México ha participado en la elaboración de instrumentos internacionales para que se respeten los derechos humanos en todo el mundo. Los cinco instrumentos internacionales más importantes son:

  1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (1963)
  2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (1966)
  3. Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA (1969)
  4. Convención sobre los Derechos Humanos del Niño de la ONU (1989)
  5. Convenio de la OIT número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989)
  6. b) Protección jurisdiccional

El instrumento de defensa de los derechos humanos por esta vía se encuentra en el juicio de amparo, previsto en la misma Constitución, en el artículo 107 fracción primera. Este es un procedimiento judicial que se utiliza para garantizar la constitucionalidad y legalidad en el ejercicio del poder público y para proteger los derechos humanos de los individuos frente a las autoridades. La propia Constitución, en su artículo 103 fracción primera, establece que será el Poder Judicial Federal el encargado de resolver en materia de amparo, toda controversia que se suscite: “por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

Conviene señalar que con la reforma constitucional de 1994 y 1996, se establecieron otros recursos de protección:

  1. Acción de inconstitucionalidad: procedimientos jurisdiccionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pueden ejercerse cuando exista la posible contradicción entre una norma general, ley o tratado y lo previsto en la Constitución Federal (Artículo 105, fracción II).
  2. Medios de impugnación en materia electoral: en 1996 se estableció por primera vez en nuestro país un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que tiene por objeto asegurar que todos y cada uno de los actos electorales se ajusten a los principios de constitucionalidad y legalidad.
  3. c) Protección administrativa

México, al igual que otros países, ha creado también organismos internos para la protección de los derechos humanos, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como organismos de protección de los derechos humanos en los estados y el Distrito Federal (artículo 102, apartado

B). Estos organismos tienen, de acuerdo con la Constitución, la capacidad para formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.

En complemento a estos mecanismos de protección administrativa a nivel nacional, existen otros de carácter internacional, entre los que destacan:

1.Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

2.Corte Interamericana de Derechos Humanos (tiene naturaleza jurisdiccional y para acudir a ella se requiere haber agotado las instancias internas y que el caso sea planteado por un Estado o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

*Auxiliar de la Primera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos