Por Fernando Tamayo

Nos enteramos que la semana pasada el Congreso del Estado dejó sin efectos el acuerdo a través del cual el mismo Poder Legislativo había reprobado la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2008 del municipio de Huamantla por las diversas irregularidades encontradas al ex edil Raúl Cervantes López. Lo anterior derivado de la resolución del Tribunal Superior de Justicia del Estado que erigido como Órgano de Control Constitucional mandata a la Cámara de Diputados y al propio Órgano de Fiscalización Superior a “eximir” al empresario huamantleco.

A escasos días de que se aprobaran las reformas jurídicas para dar paso al sistema nacional anticorrupción, en nuestra Entidad, las autoridades jurisdiccionales dan muestra de que a través de prácticas legaloides los ex funcionarios pueden quedar impunes.

Recordemos que las anomalías financieras y administrativas encontradas durante la gestión del panista Raúl Cervantes fueron de tal magnitud que conjuntamente con su sucesor generaron un desfalco a las arcas municipales del Pueblo Mágico de alrededor de 100 millones de pesos, según auditorías practicadas por el OFS.

Tal situación nos obliga a preguntarnos ¿De qué sirve la labor del Órgano de Fiscalización Superior si sus determinaciones carecen del sustento necesario para castigar a las autoridades que han hecho mal uso de recursos públicos?, ¿Dónde queda el sentir de la ciudadanía cuando ésta observa que sus representantes populares no son sancionados cuando obran en perjuicio del pueblo?

Lamentablemente lo acontecido con Cervantes López no es un caso aislado, existen de sobra ejemplos de ex ediles, ex tesoreros y ex directores de obras de distintas comunas que nunca han sido sancionados por las autoridades competentes, incluso algunos de ellos se han atrevido a candidatearse de nueva cuenta por otro cargo de elección dando cuenta de su cinismo político.

Esperemos que por el bien de la trasparencia, fiscalización y rendición de cuentas en el Estado de Tlaxcala ahora que la actual Legislatura está por elegir al nuevo Auditor Superior observe que tiene la obligación de nombrar no solamente a una persona preparada y capacitada en temas de finanzas públicas sino que además cuente con la solvencia moral y económica suficiente que le permita enfrentar su labor debidamente. Al tiempo.

Desde la barrera

Indignante resultó lo ocurrido en el municipio de San Jerónimo Zacualpan, la violencia como mecanismo para combatir la impunidad resulta el peor camino para resolver los problemas colectivos. Esperemos que se trate de un hecho aislado y que pronto impere en dicha localidad la paz y tranquilidad sociales.

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