Por Jorge Alfredo Montes de Oca

PAN

A los electores ya les quedó claro que además de los gritos y chanclazos, Adriana Dávila es incongruente y mentirosa. De nada le sirvió el carisísimo curso de manejo de emociones.
A la candidata que “Rompe Barreras” le es imposible contener la lengua. Dice que el PRD y PRI son lo peor pero le levanta la mano al gorilesco Víctor Loranca un perredista de cepa y tiene como vocera de campaña a la caduca priísta Guadalupe Sánchez Santiago. Muy bien, buen mensaje.

Pero hay más. Fuego amigo desde el CEN del PAN, filtraron nada mas y nada menos que la declaración patrimonial de la Apizaquense cuando ocupó la secretaría de Vinculación con la sociedad en el año 2012. 

Los documentos firmados por la actual candidata al gobierno del estado describen una realidad económica que dista mucho, pero mucho de lo que declaró en su 3X3 presentado hace unos días. A ver qué tiene que decir la senadora panista.

PRD
La causa amarilla se derrumbó tras el debate. Los resultados fueron demoledores. A Lorena se le cumplió la Ley de Murphy (Si algo va mal, irá peor) le pincharon la burbuja, siguió cometiendo error tras error; despreció reuniones, presumió impresentables y mantiene al mismo equipo que la mantiene engañada.

Por si fuera poco, su partido el P.R.D – al que no se cansa de negar- entró en la peor crisis de los últimos años. A nivel nacional, su Coordinador de campaña Jesús Ortega está acusado de ser socio de redes de trata de personas y a nivel local, su edificio fue violado, pintarrajeado, y menospreciado al puro estilo de sus brillantes operadores. ¿El resultado? Lorena ya está en tercer lugar.

PRI
Más sabe el diablo por viejo que por diablo. En el PRI lo saben porque el cruce y rebase de Marco Mena a sus competidoras del PAN y PRD se dio hace unos días. Y se enteraron por un tercero. Tras la encuesta publicada por “El Sol de Tlaxcala” que reflejaba un empate técnico, el cuartel general amarillo realizó otra más a petición de la dirigencia nacional, para su sorpresa el candidato tricolor ya le sacaba una ventaja de 4 puntos a su candidata y 6 a la panista.

El colmillo se les retorció, permitieron que las senadoras crecieran, se emocionaran, gastaran, se confiaran, tocaran techo y…se cayeran. 

MORRALLA

Todos los días aparecen referencias en medios nacionales citando a Tlaxcala como ejemplo nacional de pulcritud financiera y transparencia en ejercicio de recursos públicos con ¡CERO DEUDA¡ Enhorabuena a quien corresponda.

Más allá de las promesas de campaña y propuesta fantasiosas de algunos candidat@s hay algo que no se puede regatear, el manejo responsable de las finanzas públicas.

El pasado martes, en el programa de Foro TV «Es la hora de opinar», Pablo García Moreno y Esteban Illades, autores del artículo “Estados elecciones y deuda”, publicado en la revista Nexos, reconocieron a Tlaxcala como la única de las 12 entidades con elecciones para gobernador que no tiene deuda pública.

Los también editores de Nexos en línea, destacaron el caso de la entidad territorialmente más pequeña de México, y lo calificaron como la excepción entre las entidades que renovarán el poder Ejecutivo, pues la actual administración ha hecho un manejo responsable de las finanzas públicas.

En otras entidades, recaudan menos ingreso propio, y además con las participaciones ejercen más gasto corriente y contratan más deuda en un círculo vicioso que pone en riesgo su estabilidad financiera. Para colmo hay quienes en campaña ofrecen eliminar impuestos, a pesar de que con ello aumentarían su dependencia fiscal.

Sin embargo, no es el caso de Tlaxcala, de ahí que el propio conductor Leo Zuckerman señaló que la gestión de Mariano González Zarur ha sido muy responsable, en ese sentido.

Recordemos que en el periodo 2013-2014, Tlaxcala se situó en el tercer lugar a nivel nacional en materia de recaudación, al incrementar sus ingresos propios en 22.3 por ciento, según la SHCP

Y de acuerdo al IMCO, Tlaxcala se ubicó entre las 10 entidades con los mayores puntajes dentro Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2015, que mide la calidad de la información presupuestal de las entidades y verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de contabilidad gubernamental.