5 de abril - 2016
Tlaxcala| Gerardo Orta.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene abiertas seis carpetas de investigación por presuntos actos constitutivos de delito electoral en Tlaxcala, correspondientes al proceso electoral ordinario 2015-2016.
De acuerdo al Fiscal Especial de dicha instancia, Santiago Nieto Castillo, en Tlaxcala existen otras 20 averiguaciones previas que se desarrollan en la entidad debido a delitos de tipo electoral, pero que se cometieron en los procesos desarrollados de 2012 al 2015.
En entrevista, el funcionario reconoció que si bien Tlaxcala es un estado con baja incidencia delictiva en materia electoral, sí se han detectado casos de coacción del voto y condicionamiento de programas sociales.
Por ejemplo, detalló, se tienen seis casos en los cuales se han denunciado a funcionarios de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) por presionar a subordinados para favorecer a algún partido político y condicionamiento de programas sociales en ayuntamientos.
Dijo que de las 20 averiguaciones previas en curso, ocho están relacionadas con los procesos electorales y seis que tuvieron que ver con una posible alteración al registro federal de electores.
El Fiscal Especial de la Fepade garantizó que ninguna de las investigaciones que siguen el curso para el caso específico de Tlaxcala será archivada, ya que seguirán los plazos legales y constitucionales.
Detalló que los funcionarios públicos a quienes sea comprobada su participación en delitos de tipo electoral podrían alcanzar de dos a nueve años en prisión, dado que no son delitos considerados graves.
Asimismo, advirtió que no existe un plazo perentorio para comprobar la culpabilidad en el caso de particulares, dado que el sistema judicial para este efecto es distinto a la justicia electoral que sanciona partidos políticos o conductas electorales.
“Depende de las investigaciones del Ministerio Público, (…) aquí las sanciones son a individuos que transgredan el marco penal y por tanto tienen que ser sometidas al proceso penal en los términos establecidos en la constitución”, sostuvo.



