Senadora Adriana Dávila Fernández

El año está por concluir, oportunidad propicia para hacer un recuento de los hechos más impactantes entre la sociedad; recorrer la historia de los últimos 12 meses y revisar los asuntos que más preocupan a los mexicanos: seguridad, economía y combate a la corrupción.

2015 fue un ciclo que se desarrolló entre elecciones y una fuga espectacular, al proceso electoral federal le tocó estrenar y poner en práctica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Quizás el primer rubro que amerita una pronta revisión es lo relativo a la truncada consulta ciudadana sobre temas que tres institutos políticos consideraron importantes para conocer la opinión de los ciudadanos: MORENA-PRD, sobre la privatización del petróleo; PAN, sobre el aumento del salario mínimo, y el PRI, sobre la reducción del número de diputados por la vía plurinominal.

Los tres cumplieron con los requisitos para someter sus preguntas al electorado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no eran procedentes; tiempo, recursos humanos, técnicos y económicos desperdiciados.

Aciertos políticos de la ley permitieron no solo participar, sino ganar espacios de representación popular a aquellos ciudadanos que decidieron competir bajo el sello de independientes, decepcionados o enojados con los partidos políticos.

Casos como el distrito electoral número 5 de Sinaloa, permitió a Manuel Clouthier Carrillo ocupar un lugar en San Lázaro. De igual forma, en los estados con proceso electoral local, destacan Jalisco, Michoacán y Nuevo León, que ganaron diputación, alcaldía y gobierno del estado respectivamente.

Sin embargo, se repitió el mismo círculo vicioso de muchos años elecciones-políticas públicas asistencialistas-corrupción; existió un manejo electoral de autoridades, con fines lucrativos para obtener triunfos electorales.

Se demostró que remover a responsables no es desmontar estructuras de este tipo y mucho menos acabar con el problema de condicionamiento político de los programas de asistencia social; basta revisar el reparto de las pantallas de televisión, so pretexto o “justificación” del apagón analógico. Es innegable que muchos delegados federales utilicen sus cargos electoralmente.

El tema de la pobreza, por su parte, es complejo hasta para la presentación de resultados que el gobierno federal percibe con actitud triunfalista y mediáticamente, así lo ha presentado.

La realidad es que alrededor de 55.5 millones de personas se encuentran en esta situación, lo cual sencillamente es inaceptable y amerita una respuesta de lo que no ha funcionado.

Para que la política social funcione se requiere mayor crecimiento económico, más ingresos y mejor distribución de los recursos públicos.

Desafortunadamente para el grueso de la población el gasto no alcanza, los beneficios no llegan a los bolsillos de los mexicanos, ni de la economía familiar. No hay empleos suficientes.

Año complejo, en el que se optó por elecciones políticas de conveniencia desde el poder público; sin mayor sorpresa fuimos testigos de la exoneración del Presidente de la República, ante el conflicto de interés por el asunto de la denominada Casa Blanca y su relación con el constructor de la empresa HIGA… sorprendente hubiera sido una investigación autónoma.

Escuchamos y conocimos sobre las recurrentes y variadas violaciones a la ley por parte del Partido Verde, y no pasó nada.

Sin oportunidad de defensa, a los radioescuchas se les afectaron sus derechos como audiencia, al “concluir la relación laboral” con una líder de opinión crítica e incómoda para el gobierno. Estos casos son sintomáticos de debilidad institucional y preocupantes signos que anuncian el regreso al autoritarismo.

El cinismo de algunos integrantes de la clase política no tuvo límites; a pesar de la violación sistemática de la norma y la falta de ética fueron exonerados, premiados o de plano cobijados por la corrupción e impunidad.

Para los derechos humanos fue un mal año; se tuvieron graves violaciones a los derechos fundamentales; se incrementaron las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales o la tortura, entre otros hechos que marcaron este 2015 que termina.

Las acciones de gobierno deben de reforzar la garantía los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, jornaleros, activistas, periodistas, migrantes, hombres y mujeres que anhelan vivir en paz y con libertad, por eso exigen responsabilidad y seguridad a sus autoridades.

Un 2015 en el que el ciudadano de a pie, el estudiante, la ama de casa, el trabajador, el maestro, el empresario, los adultos mayores se sintieron más inseguros, no palparon mejoras… más bien padecieron asaltos en transporte público, robos en casa habitación, secuestros, cobros por derecho de piso, violencia en las calles.

Sin lugar a dudas, la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, del penal de máxima seguridad del Estado de México, es el evento que marcará este año.

La gran mayoría de los ciudadanos conoce no sólo la historia del túnel por la que huyó el reo más vigilado, sino las coordinadas y corruptas complicidades, complacencias y omisiones de las autoridades, para concretar la fantástica fuga. Imperdonable.

Otro hecho que debe mencionarse es la incapacidad del gobierno federal para defender, con sus propios peritajes, la “verdad histórica” de lo acontecido en el basurero de Cocula, Guerrero, que incineró en un informe, la credibilidad de la Procuraduría General de la República (PGR), por la falta de rigor técnico para realizar investigaciones; y evidenció que varios servidores públicos conocieron lo sucedido, gracias a las cámaras de video instaladas en distintos puntos de la ciudad de Iguala, que otros tuvieron participación directa y que unos más, de todos los niveles de gobierno, fueron omisos en la atención y protección de los estudiantes.

Hasta ahora, los mexicanos no sabemos qué pasó con los estudiantes de la escuela normal rural, Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Esperamos que en el 2016 las autoridades den respuesta a todos esos pendientes, pero sobre todo, que el gobierno federal trabaje en políticas públicas de mayor beneficio para los mexicanos. A todos ustedes, amable lector-lectora, les deseo un feliz año nuevo. Gracias.