Tlaxcala| Redacción.- La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Lorena Cuéllar, solicitó que en la distribución de beneficios, apoyos y subsidios que llevan a cabo las dependencias y organismos de los gobiernos municipal, estatal y Federal dirigidos a las personas de la tercera edad no se excluya de dicha atención a los que tienen entre 60 y 65 años de edad.

Por lo anterior, la legisladora perredista presentó una iniciativa para reformar el Artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Destacó la urgencia de garantizar el acceso a los derechos y beneficios de todos los que integran este sector de la población.

Al recordar que la norma jurídica señala que las personas adultas mayores son aquellas que cuenten con 60 años o más de edad, la también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables indicó que generalmente se niega la atención a un número importante de este sector.

En la exposición de motivos de dicha iniciativa se señala que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), actualmente en México existen 11.7 millones de personas mayores de 60 años, y para el 2025 y 2050 se proyecta que sea de 17.2 y 33 millones, respectivamente.

En tanto, el Consejo Nacional de Población ha llevado a cabo una subclasificación de este sector que muestra que el 31.5 por ciento se encuentra en etapa de prevejez (60 a 64 años); 41.1 por ciento en vejez funcional (65 a 74 años); 12.3 por ciento en vejez plena (75 a 79 años), y 15.1 por ciento en vejez avanzada (80 años y más). Se estima que en tres de cada 10 hogares vive al menos una persona de 60 años y más.

En este contexto, una cuarta parte de los adultos mayores cuenta con pensión; casi la mitad, pensión por viudez, es decir, la heredada por un familiar fallecido. En los hogares con un adulto mayor, únicamente la mitad recibe una pensión por jubilación, pensión e indemnización por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario; en promedio sólo el 9.3 por ciento recibe beneficios provenientes de programas gubernamentales.

La Organización Internacional del Trabajo señala que la mayoría de las personas adultas mayores en el país no tiene ingresos garantizados, y se ve obligada a seguir trabajando a menudo en condiciones de precariedad y con muy bajos salarios.

Esta situación tiene a nuestra población de adultos mayores en condiciones críticas, cerca de 8.6 millones de personas mayores de 64 años, es decir dos tercios de la población, no cuenta con lo suficiente para tener una pensión digna; y alrededor de cuatro millones viven en condiciones de pobreza.

Por lo anterior, la legisladora tlaxcalteca llamó a garantizar el cumplimiento de la ley y beneficiar a todo el sector de la población, no únicamente a los que tienen más de 65 años cumplidos.

El proyecto de decreto se turnó a las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda.