Por Mtro. José Antonio Aquiáhuatl Sánchez

Esta semana amig@ lector, le quiero compartir un tema que para muchos ha sido motivo de crítica en la implementación del sistema penal acusatorio y es el referente a los protocolos y/o guías de actuación para los operadores, llámese policías, ministerios públicos y jueces.

Algo que debe reconocerse y no solo en México, es que el cambio de sistema penal a uno acusatorio, a lo largo y ancho de América Latina ha generado que actores que no eran valorados en el proceso de persecución, investigación y sanción de los delitos hayan cobrado una fuerza e importancia que eran impensables hasta hace algunos años.

Funcionarios y operadores que intervienen desde la noticia criminal en los procedimientos de investigación de un delito, persecución y sanción, asumirán nuevas tareas y responsabilidades en esta nueva etapa de implementación del sistema penal acusatorio.

En su mayoría con responsabilidades y obligaciones que en el sistema penal tradicional no tenían, por ejemplo hablando de policía, tendrán a su cargo ni más ni menos que preservar los indicios y evidencias halladas en la Escena del Crimen; recopilar y valorar los datos obteni¬dos de ellas y, finalmente, documentar y remitir dichos indicios y evidencias a un banco de evidencias, para que puedan ser utilizadas subsecuentemente en los tribunales durante la tramitación de un juicio penal.

Por ello algunas de las críticas a los protocolos y/o guías de actuación de los operadores del sistema penal acusatorio en México, deben ser comprensibles debido a las grandes diferencias legales que existen en cada país

Los protocolos y guías de actuación, son y deberán ser una herramienta de apoyo en la implementación y para homologar procedimientos en particular que serán y son parte de un proceso penal acusatorio y que son y serán de gran ayuda no sólo para los policías, sino también para los jueces, fiscales, defensores, asesores de víctimas y peritos.

Los protocolos y guías de actuación son resultado de reuniones e intercambios de experiencias en la implementación del sistema penal acusatorio, donde se han percibido malas prácticas y criterios, en ocasiones personales de operadores, rompiendo con ello un implantación homologada, por lo menos en procedimientos básicos, las cuales permitieron establecer parámetros en común, todo ello tiene el propósito de buscar, en un mundo cada vez más globalizado, la homologación de prácticas y términos entre los operadores del sistema penal acusatorio en México.

Estamos, como dijera mi amigo y compañero José Antonio Amaro, en un cambio de de paradigmas que requieren de ajustar el sistema a los principios de un Estado democrático de derecho, como lo son: defender los derechos de las víctimas y de los imputados, buscar la imparcialidad de los juzgadores en los juicios, implantar prácticas más eficaces, por ello la herramienta que sirve de apoyo serán los protocolos y guías de actuación desarrollados y que son resultado de la implementación del sistema y de la practica error, que se ha percibido desde el año 2008 a la fecha.

Aunado, a que es el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, el que establece la necesidad de contar con protocolos de actuación del personal sustantivo.

Como ejemplo de estas herramientas que buscan homologar procedimientos, y no confiar en el conocimiento que puede tener o no el operador o confiar en su memoria de llevar o no las actividades que su actuación requiere, se emitió recientemente las bases de actuación del Primer Respondiente como parte integrante del sistema, el protocolo emitido por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio.

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ivonne_ley@live.com.mx.

Docente certificado por evaluación de la secretaría técnica para la implementación del sistema de justicia penal en México.