Senadora Adriana Dávila Fernández

Una de las principales inquietudes de las cabezas de familia en México es tener un ingreso -sea semanal, quincenal o mensual- suficiente para atender las necesidades básicas; contar con recursos económicos adecuados para solventar los gastos de la casa, el vestido y el sustento. Se requiere un salario digno.

El pasado 22 de octubre, en el Senado de la República se votó y aprobó la minuta con el Proyecto de Decreto para modificar los artículos 26, 41 y 123 constitucionales para la desindexación del salario mínimo, su uso como unidad de cálculo para efectos económicos, como un primer paso para el reajuste correspondiente. Es urgente y necesario actualizar el valor del ingreso mínimo; terminar con el monto estático del salario mínimo y sus regiones, que representa un obstáculo en la calidad del poder adquisitivo. Hay zonas económicas del país, por ejemplo en el norte, en donde el salario mínimo es sólo referente para diversos pagos, y hay otras en las que el salario que se paga es el mínimo.

En términos prácticos ¿qué es la desindexación del salario mínimo? Es la desvinculación o eliminación del concepto de “salario mínimo” como unidad de cuenta o referencia para el pago, renta o exención de bienes y servicios.

El tema es, además de importante, complejo, porque el salario mínimo no es un referente para valorar el poder adquisitivo que, y eso lo ha padecido la población en general, ha perdido su poder de compra en alrededor de 85% en los últimos 30 años. Es oportuno señalar que, de manera constante, se utiliza para falsear los indicadores de crecimiento económico.

El Estado mexicano, por decreto, no debería tener injerencia en el monto del salario mínimo. Sin embargo, con las resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en el sentido de establecer el monto, además de ser un acto jurídico, se establece un “piso oficial de bienestar” para la clase trabajadora, con criterios políticos, no económicos.

Por eso es fundamental impulsar acciones para que el salario recupere el valor que perdió, sólo así será posible contemplar un mejoramiento en la calidad de vida de los mexicanos.   Adicionalmente, el salario mínimo se utiliza como una unidad de cuenta para indexar ciertos supuestos y montos que incluyen el saldo, entre otros, de multas, créditos, viviendas; así como exenciones fiscales y/o asignar recursos económicos a los partidos políticos.

Esta vinculación del salario mínimo, sin duda, genera distorsiones que no necesariamente corresponden al incremento de costos, toda vez que algunos montos responden a factores como inflación y crecimiento productivo. De ahí lo relevante de la prohibición constitucional de utilizar el salario mínimo como referente para cualquier otra cosa que no sea la remuneración.

No se trata con esta primera medida, bajo ninguna circunstancia, de dar por concluida la tarea y caer en triunfalismos innecesarios. Reitero, es un primer paso. Falta un trabajo legislativo integral con cifras confiables, datos duros y concretos que permitan un debate informado sobre la situación nacional, que incluye un compromiso explícito con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para revisar el monto del salario mínimo para que se convierta en un salario digno y con poder adquisitivo.

En el proceso legislativo es deseable que los Congresos de los estados avalen con votos aprobatorios la iniciativa, para que antes de fin de año se tenga concluido el cambio constitucional. De esta forma no será pretexto en la revisión anual del salario mínimo para incrementar su monto. El reto es la recuperación del poder adquisitivo.

RECUENTOS DEL PROCESO ELECTORAL EN COLIMA

Ante el reconocimiento y aceptación del secretario de Desarrollo Social del estado de Colima, de su participación en una estrategia de gobierno para la entrega de despensas en pleno proceso electoral local, el Tribunal Electoral de la Federación tomó una decisión histórica, al anular la elección de gobernador en esa entidad federativa.

Y la anuló porque Acción Nacional aportó pruebas contundentes para acreditar la intervención abierta e indebida de altos funcionarios estatales. Es decir, valoró si las condiciones del proceso electoral fueron idóneas para salvaguardar la igualdad en la contienda electoral.

El mensaje es claro: los gobiernos estatales deben abstenerse de participar o realizar proselitismo ilegal que favorezca a un candidato o partido político en particular. No es válido lucrar políticamente con la pobreza ni con las necesidades de las y los mexicanos.