Senadora Adriana Dávila Fernández

Septiembre es el mes de la patria y de diversas actividades que dan cuenta del estado que guarda la administración pública federal; mes en el que todos los mexicanos, desde cualquier parte del mundo, celebramos el inicio y consumación de la Independencia Nacional, la defensa heroica del Castillo de Chapultepec en 1847, así como recordamos el valor y la solidaridad de la sociedad civil, tras los sismos de 1985 que afectaron principalmente a la ciudad de México.

Con el inicio del mes se apertura el inicio de sesiones del Congreso de la Unión y, a su vez, el titular del Poder Ejecutivo rinde su informe de labores; se comienza con la revisión del mismo para la glosa correspondiente, la Cámara de Diputados recibe el paquete económico para el ejercicio fiscal del próximo año.

A la lectura de diversos rotativos nacionales, la tradicional noche del Grito no fue de fiesta; en la plancha del zócalo capitalino se contó con la presencia de alrededor de 40 mil personas, entre “acarreados” (en su mayoría provenientes del Estado de México), policías, músicos, vendedores; con todo y que se contó con la presencia de la Arrolladora Banda Limón, para amenizar el evento.

Al margen de la austeridad anunciada por el gobierno, lo cierto es que no existió interés por asistir y gritar “VIVA MÉXICO”; preocupa, porque es una manifestación palpable de la inconformidad existente de los gobernados hacia el Presidente de la República, y hay un rechazo evidente; no tengo registro de una plaza tan vacía, ni siquiera por la lluvia que, en esta ocasión, no estuvo presente.

Por desgracia, septiembre -en este sexenio-, ha sido marcado por el luto y la incertidumbre de hechos violentos que ameritan explicaciones contundentes que den certeza y no generen dudas, tal es el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

El tema es muy complejo y delicado porque involucra a 43 alumnos de esa escuela, de los cuales, solamente 2 –según especialistas de Innsbruck, Austria- han sido identificados gracias a las investigaciones del ADN mitocondrial; producto de las muestras que tomaron a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y de la muestra tomada en el basurero de Cocula, Guerrero; el material genético que se localiza en el interior de las mitocondrias celulares es comparado, se busca que la secuenciación genética sea casi idéntica; este tipo de estudio se hace preferentemente del lado materno, según explican especialistas.

Hasta el momento hay personas detenidas, pero no se cuenta con explicaciones suficientes para saber el porqué de estas desapariciones, cuál fue el móvil y dónde están las evidencias para afirmar que están muertos: a casi un año de distancia, el caso sigue con más preguntas que respuestas consistentes, hay impunidad.

Hace unos meses, la autoridad realizó esfuerzos por explicar “la verdad histórica” y concluir el caso; sin embargo, ni familiares ni ciudadanos solidarios con esta causa encontraron suficiencia en las explicaciones aportadas por el otrora Procurador General de la República, Jesús Murillo.

En días recientes, el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó un informe sobre los hechos de Ayotzinapa, en el que se cuestiona la teoría de incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula; menciona la posibilidad de quemar a algunos, pero la revisión ocular permite afirmar que es imposible que ahí se deshicieran de todos los cuerpos, entonces ¿dónde están los 41 faltantes? en pocas palabras cuestiona la investigación realizada por el ex procurador Murillo.

Las autoridades, me parece, deben demostrar que sus dichos son consistentes y eso será posible con argumentos científicos, no con descalificaciones; es su responsabilidad esclarecer los hechos, castigar a todos los culpables e impartir justicia.

Otro evento que empañó este septiembre de fiestas patrias fue el caso de los turistas mexicanos que, “por error”, fueron bombardeados en Egipto (confundidos con un grupo radical islámico) y, que por desgracia, costó la vida a ocho personas, incluida una ex legisladora federal de Acción Nacional, mis sinceras condolencias para deudos y familiares.

A pesar de la rápida reacción de la Cancillería para atender y trasladar a las víctimas, así como para repatriar a los fallecidos, México debe ser enérgico para obtener una explicación de los hechos sustentada en una investigación exhaustiva, que castigue a los culpables y dé paso a la reparación del daño, es decir, una indemnización. No basta con una disculpa pública; adicionalmente, debe darse una manifestación por la falta de oficio diplomático al “justificar” acciones bélicas en contra de turistas mexicanos y la desafortunada comparación de las condiciones de inseguridad nacional, como parte de los daños colaterales, sencillamente es inadmisible.

El embajador de México en Egipto debe ser llamado a consulta, hasta que las autoridades de ese país ofrezcan resultados contundentes, Acción Nacional en el Senado de la República dará puntual seguimiento a este caso y otros que han sido atendidos de forma errática por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Hago votos para que el gobierno federal sea sensible a las manifestaciones de los ciudadanos y tome las medidas necesarias para reflexionar y realizar acciones que fortalezcan a las instituciones y den certeza a los gobernados; no es con descalificaciones, justificaciones ni con retórica como se enfrentan los problemas.