Carece gobierno del estado de atribuciones legales para intervenir en el caso Sandak
14 de septiembre - 2015

Este asunto se encuentra actualmente en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Tlaxcala| Redacción.- Respetuoso del principio de división de poderes y de las determinaciones que con independencia pronuncie el Poder Judicial, el Gobierno del Estado informa que carece de atribuciones legales para intervenir en el conflicto suscitado entre Calzado Sandak S.A. de C.V. y sus ex trabajadores, así como respecto de la reaprehensión de Gustavo Labastida Adriano por la probable comisión del delito de despojo en agravio de esa persona moral.

Lo anterior, debido a que este asunto se encuentra en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia del Estado, instancia que determinará la situación jurídica de los procesados, la fijación de las cauciones que legalmente procedan, así como para la substanciación del procedimiento y la resolución de los medios ordinarios de defensa.

Es de mencionarse que el 20 de agosto de 2012, Calzado Sandak S.A. de C.V. presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje) formal denuncia en contra de aproximadamente 70 ex trabajadores por el delito de despojo, como consecuencia de la toma ilegal de sus instalaciones.

Una vez realizadas las diligencias necesarias para la debida integración de la averiguación previa, la Pgje ejercitó acción penal en contra de los denunciados y, en razón de ello, el juez de la causa libró orden de búsqueda, aprehensión y detención en contra de los probables responsables, encomendando su ejecución a la Procuraduría.

Según se encuentra demostrado en actuaciones, el juez penal, de manera contraria a derecho, decretó la prescripción de la acción penal ejercitada, dictando en su momento auto de libertad a favor de los probables responsables.

Ante tal determinación, el Ministerio Público y la representación legal de la empresa como parte agraviada, interpusieron recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la que por unanimidad revocó los autos de libertad señalados y esto condujo a que se dictara auto de formal prisión en contra de los probables responsables, por considerar que el delito de despojo no había prescrito por tratarse de un delito continuado.

Sentado lo anterior, el Gobierno del Estado de Tlaxcala reitera que la reaprehensión del procesado no constituye un acto arbitrario de parte de la Pgje, pues en todo momento su actuar ha sido en estricto apego a derecho como consecuencia de la denuncia presentada por la empresa en defensa de sus derechos patrimoniales, salvaguardando en todo momento los derechos procesales del inculpado y en acatamiento de una resolución judicial.

De ahí que el asunto esté en manos del Poder Judicial y el Gobierno local no cuente con atribuciones legales para incidir en sus determinaciones, y mucho menos ordenar la liberación del inculpado.

Por lo anterior, el Gobierno Estatal reitera su respeto al principio de división de poderes y de las determinaciones que con independencia pronuncie el Poder Judicial.