Por Senadora Adriana Dávila Fernández

Al momento de escribir estas líneas imagino la cantidad de editoriales, crónicas, artículos, fotografías, historias y recuentos diversos que tendremos oportunidad de leer y analizar en los próximos días con motivo de la fuga -lamentablemente por segunda ocasión- de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, esta vez del penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Al margen de lo increíble del hecho dado a conocer de manera oficial, como es la “pérdida de contacto visual” de una cárcel que cuenta con tecnología avanzada, circuitos de monitoreo en tiempo real y videograbación permanente de todas y cada una de las áreas, además de brazaletes personalizados para dar seguimiento a cada preso, queda en evidencia la debilidad del estado mexicano.

¿Nadie se percató al interior del Centro de Readaptación Social de la construcción de un túnel, con sistema de iluminación y ventilación que, por la simple descripción del Comisionado Nacional de Seguridad comienza con un orificio de 50 centímetros en el área de las regaderas y recorre kilómetro y medio a 10 metros de profundidad?

No es necesario ser especialista para saber que esta actividad requiere de un trabajo de ingeniería para perforar, extraer y retirar toneladas de tierra; ¿se construyó sin que ninguna autoridad local o del penal notara algo atípico?

Guzmán Loera, se presume era el reo más vigilado por instrucción presidencial. En lo sucedido, es inevitable pensar en la complicidad interna.

La fuga se da en la entidad federativa de la cual es originario el primer mandatario de nuestro país, que al momento del escape iba camino a Francia, con una comitiva integrada por decenas de personas, entre ellos, la mayoría de los miembros del gabinete de seguridad.

No puedo omitir el hecho de que la visita de Estado se da en un contexto propicio para restablecer relaciones diplomáticas con el país galo, después de la cuestionada liberación de la presunta secuestradora Florence Cassez, suceso marcado por la impunidad en agravio de la sociedad mexicana.

Por decir lo menos, esta “afrenta al Estado mexicano”, como la calificó el Presidente de México, dejó en ridículo a las instituciones encargadas de la gobernabilidad y seguridad en México.

Tengo presente dos cuestiones: La primera tiene que ver con la fuga del capo –en un carrito que transportaba ropa sucia y que iba a la lavandería- del penal de Puente Grande, Jalisco, acontecimiento del 19 de enero de 2001, semanas después de la protesta de Vicente Fox como titular del Poder Ejecutivo.

A pesar de las innegables redes de corrupción de las autoridades que dejaban el penal, la responsabilidad histórica y el juicio de ineficiencia fue cargado para el primer gobierno de la alternancia. Distintos líderes políticos del Partido que hoy está en el poder, no sólo criticaban sino especulaban sobre la fuga de este personaje.

En alguna de las comparecencias del actual Secretario de Gobernación ante el Senado de la República, cuestioné a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la concentración de funciones y tareas de seguridad en una sola dependencia por la multiplicación de espacios vulnerables y las posibilidades de fallas.

Analicemos, el Gobierno Federal decidió que hoy la Secretaría de Gobernación se encargue de la estrategia de coordinación entre las distintas autoridades que velan por la gobernabilidad interior, norme el funcionamiento de los medios de comunicación, vigile los flujos migratorios, revise y aplique los protocolos de protección civil, prevenga los delitos, encabece la comisión antisecuestros, procure y garantice la protección de los derechos humanos y sea responsable de los Centros de Readaptación Social federales.

No olvidemos que el primer paso de la presente administración fue suprimir las noticias relativas a la violencia nacional y el deterioro del tejido social; la idea central fue evitar el tema con la creencia de que así desaparecería el problema que tanto lastima a la población, como por arte de magia.

Con las omisiones, ineficiencias y complicidades se ha demostrado que el diseño institucional presenta graves errores y que una sola dependencia no puede con todo.

Por otro lado, recordemos los dichos del Presidente Enrique Peña al periodista León Krauze en una entrevista del 2014 para la cadena Univisión: “…sería imperdonable una nueva fuga”.

Aquí lo imperdonable es el grado de corrupción y la perfectamente articulada red de complicidades del Estado Mexicano, que deja libre al principal delincuente nacional, el más solicitado a nivel internacional para que rinda cuentas ante diversas Cortes de Justicia que reclaman su presencia.

Imperdonable es la debilidad del estado de derecho que no previene –con todo y las publicitadas tareas de “inteligencia”-, no contiene y no sanciona de manera contundente las diversas formas de actuar de los criminales, lo que detona niveles preocupantes de impunidad y el fortalecimiento de las organizaciones delictivas.

Otras afrentas indignantes para la procuración de justicia nacional son los casos de la liberación de Rafael Caro Quintero, Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, la secuestradora Florence Cassez y, recientemente el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Afrentas son también las evidencias públicas de relaciones delictivas entre funcionarios gubernamentales y capos, como Servando Gómez Martínez “La Tuta”. Siempre con el mismo patrón de comportamiento: contubernio o protección de alguna autoridad, interpretaciones legales, modificación de procedimientos y reducción de protocolos de seguridad, entre otros.

Lo imperdonable, derivado de la fuga, es el agravamiento a la crisis política que vive el país por la destrucción de la credibilidad y confianza en las instituciones públicas. La verdadera afrenta es la impunidad.

RECUENTO DE LA PRESUNTA RED DE PROSTITUCIÓN EN EL PRI-DF

Ante el no ejercicio de la acción penal en contra del otrora líder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha dejado otro caso para la impunidad, a pesar de la evidencia pública.

El texto vigente de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a la Víctimas de estos delitos, resulta inaplicable por sus contradicciones jurídicas y errores. Indignante la resolución.

Por ello, se ha insistido en las modificaciones a la redacción de los tipos penales en la materia. Es urgente contar con un instrumento jurídico eficaz y aplicable para perseguir y sancionar este delito.