Tlaxcala| José Luis Ahuactzin.- La candidata del Partido del Trabajo por el II distrito electoral, Alejandra Ramírez Ortiz, enfrenta un proceso judicial iniciado por la Contraloría del Ejecutivo por presuntas anomalías y manejo irregular de finanzas de la Escuela de Educación Física “Revolución Mexicana”.

La Contraloría, al aplicar una auditoria AAF/11/01-02, detectó al menos 9 presuntas anomalías entre administrativas y financieras en el periodo que laboró en la institución de educación superior de la capital del estado: se le detectó parentesco por afinidad con Jesús Avalos Rincón, ex coordinador administrativo de dicha institución, autorizó pagos de nómina para que trabajadores apoyarán en actividades de selección de los alumnos de nuevo ingreso sin el aval del Órgano de Gobierno, en el proceso de entrega-recepción no vigiló ni presentó la documentación que acreditara la propiedad del bien inmueble de la Escuela de Educación Física.

Además, se le detectó que en la comprobación y justificación de gastos, no comprobó ni presentó las pólizas y credenciales de elector de los beneficiarios de los pagos generados, no verificó que el recurso por el pago de credencialización a los alumnos se reflejará en la cuenta bancaria correspondiente.

También destaca que Alejandra Ramírez Ortiz, validó una recaudación de cuotas escolares de los alumnos para pagar por servicios de limpieza de la misma institución “sin que se comprobara correctamente la aplicación y transparencia de dicho recurso”, refiere el documento de las observaciones realizadas a la actual candidata del PT.

Durante la venta de uniformes de gala y deportivo para el cien por ciento de los alumnos de la entonces institución educativa, no supervisó ni vigiló que “el procedimiento haya sido por adjudicación, contrato y entrega respectiva”.

Ante esta serie de hechos, la candidata enfrenta la justicia y promovió un amparo ante la justicia federal para solicitar la suspensión del procedimiento de forma definitiva y fue en este mismo año, 12 de mayo, cuando le concedieron la petición dentro de la protección constitucional 06/2015.