Ángeles Mendoza Arteaga*

Lo deseable es que las gestaciones sean planificadas para que ocurran en el momento deseado por las dos personas que forman una pareja. Tal decisión debe partir, previo conocimiento y educación (labor no siempre sencilla), de las dos partes de una pareja para evitar imposiciones que pueden, incluso, ser de orden jurídico.

El procrear un ser humano implica no sólo un compromiso y deber recíproco entre la pareja, sino también ante el hijo, la familia y la sociedad. Ser padres no sólo es una decisión de dos para sí mismos, sino que es una decisión que afectará a la totalidad de la familia. Incluso, se trata de una decisión que influirá a nivel social, ya que la familia no es un ente aislado sino la célula básica de la sociedad.

Los padres no deben concentrarse solamente en brindar adecuada vivienda, alimentación, educación, salud y vestimenta a sus hijos sino, además, tienen la responsabilidad de otorgarles amor, amistad, tiempo y protección. Esto último representa el aspecto más importante de la paternidad responsable, sobre todo en nuestro país en el que la mayoría de la población vive en la pobreza y todo su tiempo está orientado a conseguir recursos económicos para la sobrevivencia.

La paternidad supone, ante todo, una relación en la que una persona asume el rol de padre de otra persona; en tal relación se establece, además, una serie de compromisos de una parte con otra: la parte paterna tiene ciertas obligaciones para con su hijo, pero también ciertos derechos.

Esto es así, siempre y cuando se trate de una paternidad legalmente reconocida ya que, en caso contrario, puede que esas obligaciones no se cumplan y los derechos no sean reconocidos. En tal escenario, no se trata de una paternidad responsable, independientemente de que entre una y otra persona exista un vínculo biológico.

Cuando ambas partes reconocen y cumplen sus derechos y hacen valer sus obligaciones, se habla de que la paternidad es responsable. Una paternidad es responsable cuando se asumen deberes, tales como proteger al hijo, asegurar su supervivencia y sostenimiento económico, garantizar su asistencia al colegio para recibir educación básica y obligatoria, proteger su salud y no exponerlo a actos de violencia en cualquiera de sus formas, entre otros aspectos.

Sin embargo, existen casos en los cuales el hijo o la hija, sea infante o adolescente menor de edad, no vive junto a su papá y mamá porque ellos no conviven como pareja o no tienen un vínculo sentimental. En estos casos, la mayoría de las veces el establecimiento de derechos y deberes se realiza ante un asesor legal o abogado, que sienta las reglas para una relación justa, responsable y saludable para todas las partes involucradas.

En casos como el descrito en el párrafo anterior es muy común que se necesiten establecer montos de cuota alimentaria en relación al monto del salario del papá, así como regímenes de visitas para determinar cuántos y cuáles días el infante o adolescente convivirá con el padre, entre otras cuestiones.

-Directora del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos