México ante las observaciones de la ONU
19 de marzo - 2015

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Alma Carina Cuevas Fernández*

En el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos se realiza a través de la evaluación de los informes periódicos que éstos rinden a los Comités formados para vigilar el cumplimiento del documento signado. En el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por México en el año 2007, el organismo encargado de vigilar su cumplimiento es el Comité sobre los Derechos de las Personas con  Discapacidad.

Este organismo -en sus sesiones 145 y 146- examinó el informe inicial de México (CRPD/C/MEX/1) sobre la materia, ocupando durante algunos días los titulares de diversos medios de comunicación, escritos y digitales, la observación hecha al Estado mexicano relacionada con la administración por parte de un ente privado, como Teletón, de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad; así como la difusión, a través de sus campañas, de estereotipos de estas personas como sujetos de caridad

Las recomendaciones que hace el Comité al Estado mexicano sobre estas observaciones son dos: hacer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones del Estado sobre la rehabilitación de las personas con discapacidad; y desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derechos.

La recomendación, en el sentido de considerar a las personas con discapacidad como titulares de derechos, permea en gran parte varias de las observaciones y recomendaciones que realiza el Comité al Estado mexicano en el mismo informe.

Por ejemplo, al referirse a los principios y obligaciones generales del Estado parte, el Comité habla sobre la necesidad de establecer mecanismos para convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones sean consideradas adecuadamente. En el caso de los niños y niñas con discapacidad, señala la necesidad de garantizar la consideración de éstos en la legislación, políticas y medidas dirigidas a la infancia, así como la protección del derecho de los niños y niñas con discapacidad a ser consultados en todas las cuestiones que los afecten.

Por otro lado, en materia de libertad y seguridad de la persona, recomienda adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el debido proceso legal a personas con discapacidad en el marco de un procedimiento penal, ya sea en calidad de inculpadas, víctimas o testigos. Sin embargo, y sin considerar menos importantes las demás observaciones, hacemos énfasis en las recomendaciones que hace el Comité al referirse al igual reconocimiento ante la ley

Bajo ese rubro, el Comité expresa su preocupación por la ausencia de medidas para eliminar el estado de interdicción y las limitaciones a la capacidad jurídica de un persona, por razón de su discapacidad, en el sistema jurídico y le preocupa la falta de conciencia social y las resistencias de algunos operadores judiciales para poner en práctica las recomendaciones realizadas por el Comité en su comentario general sobre el artículo 12 de la Convención en la materia.

El comentario general sobre el artículo 12 de la Convención (CRPD/C/11/4), en su tercer párrafo,  hace referencia a la falta de claridad en la comprensión del modelo de discapacidad basado en derechos humanos, y señala que mirar la discapacidad bajo este enfoque implica pasar del paradigma de la sustitución en la adopción de decisiones a uno basado en el apoyo para tomarlas, lo cual implica el respeto a la autonomía y la voluntad de la persona, sin importar su nivel de discapacidad.

Esta perspectiva sitúa a las personas con discapacidad en un papel más activo en la sociedad pero, sobre todo, nos habla de un modelo incluyente, premisa básica de una sociedad democrática y de respeto a los derechos humanos.

* Sexta Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos