Tlaxcala| Gerardo Orta.- El diputado local panista Julio César Hernández Mejía, presentó una propuesta para crear la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en la que establece que ninguna autoridad podrá percibir un sueldo mayor al que recibe el gobernador.

La iniciativa presentada ante el Pleno del Congreso, buscará evitar que los integrantes de ayuntamientos relativamente pequeños perciban salarios más altos que los de municipios con mayor extensión territorial y poblacional.

Con base en información del portal de transparencia del Gobierno de Tlaxcala, el gobernador percibe un total mensual neto de 49 mil 37 pesos, tope que no deberá ser superado.

“Que el referente como monto máximo para fijar el salario de los servidores públicos en el Estado, sea siempre el que recibe el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, sin que ello signifique, una preeminencia de dicho poder sobre los otros”, establece.

La propuesta persigue además el fin de fijar los topes de remuneración para servidores públicos de los tres niveles de gobierno, así como organismos autónomos, descentralizados y cualquier ente público.

A la vez, impedirá el otorgamiento de bonos y compensaciones de forma ilegal.

En lo que respecta a sanciones en contra de servidores que violen la norma, se establecen diversas dependiendo el daño: entre ellas, se impondrá destitución e inhabilitación de 6 meses a 4 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

También podría existir destitución o inhabilitación de 4 a 14 años.

Por bonos o gratificaciones ilegales, la ley establece sanciones que van de los 3 meses a 2 años de prisión y multa de 30 a 100 veces el salario mínimo vigente.

La sanción alcanzaría de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 100 a 300 veces el salario mínimo.

Será el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) la autoridad competente para aplicar las responsabilidades administrativas que se deriven por actos u omisiones.

La iniciativa presentada por el legislador de extracción panista se turnó al estudio de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

En la exposición de la iniciativa, Julio César Hernández Mejía reconoció que el Congreso del Estado incurrió en omisión legislativa, debido a que el 20 de febrero de 2010 venció el plazo para que la legislatura local reformara dicha normativa, con base en los plazos establecidos a nivel federal.

“Existe una omisión del Poder Legislativo de Tlaxcala de más de 4 años, que ha causado el abuso del erario para derrochar en las remuneraciones de los servidores públicos en el Estado de Tlaxcala”, sostuvo.