Sen. Adriana Dávila Fernández

La semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República presentó su segundo informe de actividades legislativas, presidida por mi colega y amiga, Angélica de la Peña Gómez.

Se señaló que ante la grave crisis que enfrentan el Estado mexicano y sus instituciones en materia de Derechos Humanos, debe existir un compromiso para que el ejercicio democrático del poder garantice el respeto, la promoción y la difusión de los derechos humanos.

Ante las interrogantes que se plantearon frente a esta crisis que ha colocado a México en la mira mundial en este rubro, me parece que las autoridades están obligadas a velar por estos derechos con plena garantía de la aplicación de una perspectiva de género que no permita excusas o justificaciones a la hora de aplicar la ley.

La defensa de los derechos humanos no debe utilizarse con fines de lucro político-electoral, es un asunto que va más allá de colores partidistas, que gobierno, legisladores, autoridades y sociedad civil debemos atender con responsabilidad.

Y en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer necesaria es la reflexión sobre el impacto que se ha dado en la garantía de los derechos humanos de las mujeres, no deben, bajo ninguna circunstancia minimizarse los avances logrados para que las mujeres vivan sin violencia de ningún tipo o para que tengan oportunidades reales de desarrollo y hasta –con las modificaciones legales en la última reforma política- paridad en las contiendas electorales.

Sin embargo, es necesario ponderar los logros y medir los resultados entre las propuestas aprobadas y los hechos consolidados.   Me explico. Sirve la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, pero por desgracia, se convierte en letra muerta cuando la autoridad la ignora. Pongamos el caso del Alcalde de San Blas, Nayarit, que ridiculiza y expone frente a más de 35 mil personas a su compañera de baile al subirle el vestido y dejar al descubierto su ropa íntima.

Bajo esta ley que sanciona y protege a las mujeres de violencia familiar son alarmantes los niveles de discriminación y violencia física y mental en los hechos, en la cotidianidad. Basta señalar la grave explotación sexual de las mujeres, las sometidas por el flagelo, en una de las modalidades de la trata de personas.

En la actualidad, cuántas mujeres tienen que presentar en su trabajo un análisis clínico para demostrar que no están embarazadas. O por qué todavía se cuestiona el hecho de que las mujeres perciben menores ingresos que los hombres cuando realizan las mismas tareas y comparten las mismas responsabilidades.

Y pregunto, ¿qué tanto ha prosperado el apoyo a las empresas de las mujeres; los estímulos económicos han dado resultados favorables? ¿Las mujeres tienen igualdad de oportunidades en educación, capacitación laboral y desarrollo personal?

Una simple revisión de posiciones de dirección en la administración pública (sean ejecutivas o impartición de justicia) nos da cuenta del abismo existente entre el propósito discursivo que se conmemora el 8 de marzo y la realidad: no hay ninguna mujer gobernadora en 31 entidades federativas ni en el Distrito Federal; en el gabinete del Gobierno Federal, de 23 Secretarías de Estado y paraestatales, contamos con 4 integrantes; de 10 elementos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay 2 Ministras (aunque en realidad son 11 los ministros, pero está en proceso el nombramiento del fallecido Ministro Sergio Valls Hernández, y la terna propuesta por el Ejecutivo no contempla mujeres); de 7 Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo una es mujer; y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene 3 Consejeras Electorales, de 11 miembros conformantes; Es paradójico, ni siquiera en el máximo órgano de dirección electoral, con todo y reforma, se logró la paridad.

Sin duda alguna, con trabajo, vocación y voluntad, las mujeres hemos logrado cambios; contamos con espacios importantes que ahora con las reformas electorales aprobadas, no necesariamente benefician a las candidaturas femeninas.

A pesar de las adversidades, las mujeres mexicanas hemos demostrado sensibilidad para atender las necesidades sociales, capacidad para tomar decisiones de beneficio común para las familias o las comunidades y valentía para sobreponerse a la recurrente discriminación.

Por ello, juntas debemos sumar esfuerzos para abatir el rezago, terminar con los estereotipos y luchar por el libre desarrollo de la personalidad con libertad, autonomía e independencia. No debemos permitir ningún tipo de retroceso. Reconozcamos los logros, señalemos las arbitrariedades y trabajemos juntas por el porvenir posible.

RECUENTOS DE UNA MULTA

Al momento de escribir estas líneas en distintos portales de noticias se ha dado a conocer la multa económica de menos de 14 mil pesos impuesta por el Instituto Electoral del Distrito Federal al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por omisiones en los gastos y relación del personal que laboró durante la administración de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (diciembre 2013-enero 2014). ¿Qué significa esto? Significa que con una multa tan irrisoria, se pueden ocultar evidencias sobre el uso ilícito de los recursos públicos aportados al PRI, para mantener una red de prestación de servicios sexuales.   Eso es abonar a la corrupción e impunidad. Otro caso de simulación. Lamentable.

RECUENTOS DE UN NOMBRAMIENTO

El Senado de la República aprobó el nombramiento de Arely Gómez González como Procuradora General de la República. Desde el inicio de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, en septiembre de 2012, participó en la construcción del andamiaje jurídico del nuevo sistema de justicia penal, de corte acusatorio y oral. Aportó su conocimiento para el diseño de la Ley General de Víctimas. Valoró y avaló las propuestas de modificación a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en particular la redacción de los tipos penales.

Su intervención en la redacción de las leyes fue importante. Ahora, desde su nueva encomienda tendrá la responsabilidad de implementar y aplicar el marco normativo, con absoluto respeto y garantía de los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas.