Senadora: Adriana Dávila Fernández

Los mexicanos hemos conocido a través de investigaciones periodísticas nacionales e internacionales una inusual explosión inmobiliaria de distinguidos integrantes de la clase política, el titular del Poder Ejecutivo y el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Primero se nos informó que la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec es propiedad de la primera dama; luego, la casa de descanso de Ixtapan de la Sal, del Presidente, Enrique Peña; la de Malinalco, del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con una tasa de interés preferencial menor al 6 por ciento, sólo por mencionar algunos casos.

No omito señalar que los escándalos han provocado señalamientos a nivel mundial, por un posible conflicto de interés entre los compradores y la empresa constructora, ya que ésta última fue contratista del gobierno mexiquense, cuando Enrique Peña era gobernador.

La población está indignada; demanda explicaciones puntuales sobre hechos que han puesto en duda la credibilidad y confianza en el Presidente de la República y su equipo de trabajo.

En diversos espacios y foros he señalado que la característica del actual gobierno y su partido es una simulación.

Ante estos actos de vanidades, el Ejecutivo pretende impresionar con acciones para fortalecer los mecanismos de control e impulsar la transparencia.

Más que medidas para aclarar los hechos, son actos desesperados para recuperar la imagen presidencial.

La semana pasada con bombo y platillo, fue nombrado el Secretario de la Función Pública, pero permítame, estimad@ lectora/lector debo de comentar que la institución que recibe el novel Secretario es una instancia, literalmente, en proceso de extinción, en tanto, no sea conformado el órgano autónomo, independiente y con más facultades para cumplir con sus objetivos anticorrupción. En términos prácticos, la Función Pública no existe en la Ley de la Administración Pública Federal.

Por cierto, la Cámara de Senadores está a la espera de que la colegisladora analice, discuta y se pronuncie sobre la ley en la materia. Es tiempo de abrir la congeladora.

¿Cómo se encomiendan acciones de investigación y transparencia a un organismo que carece de instrumentos legales? Simple simulación.

Virgilio Andrade, es un reconocido abogado relacionado con asuntos en materia anticorrupción; ex consejero del otrora Instituto Federal Electoral; personaje que niega su preferencia tricolor, aunque practicante en los hechos (representante suplente del PRI ante el Consejo General del IFE), integrante del equipo de transición de Enrique Peña y amigo del Secretario de Hacienda; su último cargo, titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía (COFEMER). Esos son los antecedentes.

El nombramiento es otra simulación.

El Dr. Andrade tiene la encomienda de investigar a su superior y amigo. Aún y cuando el Presidente de la República ya nos aclaró que no existe ningún conflicto de interés en el actual marco normativo, la tarea se torna difícil, porque no se tendrá acceso a los contratos.

Al margen del posible conflicto de interés entre el funcionario que debe investigar, no solo al Jefe, sino también al amigo responsable de la hacienda pública, me pregunto cómo se puede hablar de certeza, imparcialidad y objetividad, si no se cuenta con la documentación necesaria (contratos) para la investigación. Esto es simple simulación.

Se «simula» un nombramiento cuando no hay voluntad política para transparentar el ejercicio público.

No habrá investigación objetiva y real del conflicto porque el funcionario responsable de indagar, ha demostrado tener interés particulares para cuidar la dañada imagen del superior.

Muestra de ello fueron sus primeras declaraciones, para reconocer «el fortalecimiento y avance» dado por el Presidente a la función pública. ¿Será? Una simple simulación.

No se requiere mucho tiempo ni tampoco un grupo de expertos para determinar, desde ahora, que el Presidente de la República, la primera dama y el titular de las finanzas púbicas serán exonerados, porque la ley vigente no configura el conflicto de interés. Le anticipo… no habrá sanciones de ningún tipo.

En México no se castiga la falta de ética pública, es triste, pero lo que hoy es un escándalo, mañana pasará al olvido.

Y más cuando se pronuncian discursos políticos para salir del problema de credibilidad en un año electoral, pero se impulsan acciones que son simple simulación.

Es preocupante porque cada vez son más los mexicanos que creen menos en la investidura presidencial.

Basta de apariencias y simulaciones… hay que actuar con el rigor de la ley, la voluntad política y sin distinciones.

RECUENTOS LEGISLATIVOS

El análisis que presentó “Mexicanos Primero”, sobre el conocimiento, entendimiento y aplicación del idioma inglés, es alarmante. Solo refleja la triste realidad nacional, educación deficiente, alejada de un mundo globalizado.