México DF| Redacción.- La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, Adriana Dávila Fernández, se reunió con representantes de la Embajada de Estados Unidos en México para atender las preocupaciones y dudas relacionadas con las reformas a la ley en esta materia.

Dávila Fernández, recibió a Meredith Sanderson, enlace Legislativo de la Embajada; Rebecca Morgan, encargada de seguimiento a la trata de personas y a Janet Turnbull, representante del departamento de Justicia, para explicarles el contenido y la importancia de las reformas a la ley impulsadas desde el Senado de la República, debido a las faltas de técnica jurídica que han originado confusiones entre los operadores de la norma.

Dávila Fernández, explicó a las representantes de la Embajada de EE UU todo el proceso público que se realizó para concretar las reformas a la legislación, también destacó el perfeccionamiento de los tipos penales para diferenciar de una manera clara lo que es la trata de personas y la explotación.

También habló de los beneficios en la protección y asistencia a las víctimas, que no se consideran en la ley vigente y sobre la reestructura general del proyecto.

De la misma manera, se refirió a los cambios que realizó la Cámara de Diputados y sobre los cuales el Senado no está de acuerdo, en virtud de que modifican el tipo penal básico y confunden el término de trata de personas con la explotación, lo cual genera no sólo impunidad sino excarcelaciones y conflictos internacionales, por tratarse de un delito trasnacional.

Luego de escuchar lo anterior, las representantes de la Embajada estadounidense coincidieron en que es importante retomar las reformas del Senado para poder combatir eficazmente el delito y refirieron que en efecto es complicada la ley vigente debido a su amplitud y confusión de conceptos.

Finalmente, comentaron sobre los temas que son de interés para la senadora, entre ellos, impulsar en el siguiente periodo ordinario de sesiones, las reformas en materia de trata de personas, reformas en materia de derechos humanos, seguridad pública y anticorrupción.