Entregar dinero para el “impulso” procesal se volvió una práctica cotidiana en toda la estructura del TSJE

Por José Luis Ahuactzin

Algo malo pasó en el sistema de impartición de justicia de Tlaxcala. La corrupción se enquistó y no hay área del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala (TSJE) que esté exenta de señalamientos.

El 1 de febrero del año pasado, Tito Cervantes Zepeda sucedió al magistrado Justino Hernández Hernández en la presidencia del Poder Judicial, ese día el nuevo titular anunció un «cambio» de fondo, algo que a casi un año no se ve.

Los resultados alcanzados hasta el momento son, por decirlo en una palabra, pobres. Tan preocupante es lo que pasa en nuestro sistema judicial que en los 21 juzgados penales, civiles y familiares, ubicados en los 10 distritos, existen quejas por corrupción.

Un estudio realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con base en 563 encuestas aplicadas en los juzgados de primera instancia, confirma la crisis.

En las conclusiones del organismo autónomo se revela que la corrupción se da por las siguientes acciones:

1.- Obtener una situación jurídica a su favor: el 61 por ciento de los entrevistados lo aceptó y 49 por ciento dijo estar firme en su negativa a pagar, pese a que saliera la sentencia en su contra.

2.- Dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite público: el 49 por ciento lo aceptó.

3.- Pagar dinero o dádiva para que le perdonen una falta/multa: 42 por ciento lo haría, 58 lo negó.

4.- Evadir pago de derechos por copias certificadas: 41 aceptó caer en esa mala práctica.

5.- Obtener información sin ser parte del asunto: 41 por ciento.

«La población encuestada percibe que los principales problemas sociales que aquejan a nuestro estado y que le impiden un adecuado desarrollo son: la corrupción, representada con 43 por ciento; seguida por la falta de eficiencia/capacidad de los funcionarios y autoridades, representada por 30 por ciento; y la falta de recursos económicos, con un 11 por ciento», detalla el informe CEDH 2014.

Por orden de juzgado, la corrupción se presenta principalmente en Guridi y Alcocer, y civil y familiar de Juárez, con cabecera en Tlaxcala capital y en Huamantla, respectivamente. Los entrevistados consideraron que esas malas prácticas se encuentran en el 100 por ciento de los casos.

En el civil y familiar de Xicohténcatl e Hidalgo, con cabecera en San Pablo del Monte y Tlaxcala capital, el nivel de corrupción es de 95.4 y 90.9 por ciento, respectivamente.

En los juzgados civil y familiar de los distritos de Morelos, con cabecera en Tlaxco, y Cuauhtémoc, en Apizaco, existe un 90.9 y 81.8 por ciento de percepción de corrupción.

Los juzgados civil y familiar del distrito judicial de Zaragoza, con cabecera en Zacatelco, y Lardizábal y Uribe, con cabecera en Chiautempan, tienen un 81.8 y 72.7 por ciento de malas prácticas.

En los 3 juzgados de lo penal del distrito judicial de Sánchez Piedras, con cabecera en Apizaco, y en los juzgados civil y familiar de Ocampo, con cabecera en Calpulalpan, la corrupción se ubicó en 68.1 por ciento.

La estructura de la corrupción en los juzgados

El juez no sólo pasa la charola a justiciables, pues los encuestados refieren que en segundo lugar, con 69 por ciento, se encuentran también implicados los secretarios de acuerdos, funcionarios que también piden dádivas u obsequios.

En la estructura de la podredumbre le siguen los proyectistas, con 59 por ciento, los diligenciarios con 63, los oficiales de partes en 58, y los escribientes con 63 por ciento.

Incluso, son señalados los ministerios público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), adscritos a los juzgados, con 60 por ciento. Son cuestionados por no establecer una correcta defensa ante el juez o, en su caso, dar un “impulso” procesal en las apelaciones ante la Salas Civil, Familiar o Penal del TSJE.

En los juzgados no importa la condición de género para solicitar dinero, regalos o en especie; hombres y mujeres por igual caen en el sistema de corrupción.

El 66 por ciento de los encuestados percibe que hombres y mujeres cometen actos de corrupción por igual; el 29 por ciento considera que los hombres son más corruptos y sólo 5 por ciento considera que las mujeres participan en actos de corrupción.

El 84 por ciento de la población encuestada considera que el personal que labora en los juzgados del fuero común es corrupto y sólo 16 por ciento considera que no lo es.

La comparsa

En las entrevistas realizadas en los juzgados de Tlaxcala, se detalla también que 20 por ciento de los encuestados que se encontraron ante un acto de corrupción decidió denunciar o reportar el hecho.

El 51 por ciento fue debido a sus principios o valores; 17 por ciento porque era un asunto grave; 10 por ciento porque afectaba su economía, y 22 por ciento porque le afectaba directamente.

El 31 por ciento dijo que cayó en la corrupción “porque si uno no paga, las cosas no funcionan”. El 23 por ciento porque el servidor público se lo insinuó o solicitó. Y 20 por ciento para evitar sanciones mayores.

El 14 por ciento aseguró que participa en la corrupción por costumbre; 10 por ciento por el buen servicio y atención que le brindaron, y 2 por ciento porque es una manera de “ayudarles”.

Del total de los encuestados, 563, que representan 48 por ciento, dijo que se encontró en una situación en la que se pudo haber realizado un acto de corrupción y decidió no denunciar para no tener más problemas.

El 24 por ciento respondió que considera que no sirve para nada denunciar el hecho porque los responsables no serían perseguidos; el 12 por ciento porque no podía probar los hechos de la denuncia, y 10 por ciento porque no sabe dónde realizar la denuncia.

Quejas Administrativas

Las cosas no mejoran en esa ruta de denuncia. Circotlx, en coordinación con el periódico digital Gentetlx, documentaron varios casos.

El juez del distrito judicial de Zaragoza, con cabecera en Zacatelco, Juan Antonio Luis Torres tiene al menos 8 quejas en su contra ante el Consejo de la Judicatura.

Se trata de las derivadas del caso 185/2011 del juzgado IV penal del distrito de Sánchez Piedras, por el procesado Marte Lima de la Luz; en el expediente 1007/2014, en el juzgado familiar de Zaragoza; expediente 330/2014, juzgado familiar de Zaragoza, en un amparo contra la custodia que otorgó al padre de unos menores.

Los expedientes 482/2014, 820/2014, 602/2014, 120/2013 y 277/2013, todos radicados en el juzgado familiar de Zaragoza, donde actualmente es impartidor de justicia.

Sus antecedentes datan cuando fungió como juez de lo familiar en Tlaxco, distrito de Morelos, y de lo penal en Guridi y Alcocer, donde abogados le promovieron una queja ante el Congreso local, debido a que estableció cuotas en el juzgado que eran depositadas en una cuenta bancaria a su nombre.

Otro caso es el de la juez Guadalupe Castillo Lemus, de lo familiar del distrito judicial de Hidalgo, también tiene quejas en su contra; como la promovida dentro del expediente 2235/2011.

La juez de ejecución de sentencias, Juanita Munguía Herrera, fue señalada por Isabel Miranda de Wallace, de la organización nacional Alto al Secuestro, por su participación en la pre liberación de secuestradores.

A la fecha, tiene abierto un proceso de investigación sin que se haya informado el avance que se tiene en la indagatoria.

En 2009, a José Luis Moctezuma Carvajal, juez segundo de lo civil y familiar del distrito judicial de Cuauhtémoc, con cabecera en Apizaco, se le inició el proceso 32/2009 “de responsabilidad administrativa por las irregularidades hechas constar en la resolución del 18 de febrero de 2009”, con base en la lista de acuerdos publicada el 7 de diciembre de ese año.

También se encuentra el expediente 28/2007, contra Sofía Margarita Ruiz Escalante, secretaria de acuerdos del juzgado primero de lo civil y familiar del distrito judicial de Hidalgo, cabecera en Tlaxcala; la 36/2009 contra María Argelia Sánchez Muñoz, quien fungía como secretaria del juzgado segundo de lo civil y familiar del distrito judicial de Cuauhtémoc, cabecera Apizaco, y en ese año fungía como secretaria de acuerdos del juzgado de lo civil y familiar del distrito judicial de Juárez, Huamantla.

Un año antes, el 13 de mayo de 2008, en San Pablo del Monte, abogados solicitaron por escrito el cese del juez interino adscrito al juzgado civil y familiar del distrito judicial de Xicohténcatl, Porfirio Hernández López, por emitir sentencias de forma discrecional.

La queja alcanzó a la secretaria del juzgado, Beatriz González, y al diligenciario Juan Carlos Rodríguez Juárez.

Candil de la calle, oscuridad de su casa

Las acusaciones de corrupción y los escándalos han alcanzado a los magistrados que integran el Poder Judicial: el presidente del TSJE, en 2001, Ricardo Eulalio Pérez Zárate, saltó a la fama por la compra de lencería; ese gasto le costaría no sólo su prestigio sino que fue procedente su desafuero y cese por parte de la LVI legislatura local.

El 17 de junio de 2013, el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez fue denunciado penalmente por administrar justicia con una sentencia presuntamente “a modo” para incurrir en el delito de tráfico de influencias, como lo acusó el ex subprocurador de Puebla, José Alfredo Arroyo Razo, en un asunto penal.

El pasado 31 de enero, el ex funcionario poblano interpuso una denuncia en la PGJE por presunto delito de tráfico de influencias dentro del toca penal 92/213, al emitir una sentencia absolutoria a favor de Miguel Ángel Aguilar Chumacero de forma irregular.

Los magistrados envueltos en señalamientos son Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez y Francisco Flores Olayo, en 2012 fueron señalados por favorecer la sentencia de absolución de Valentín Rojas Rojas en el toca penal 426/2012, a quien le habían decretado 11 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en agravio de Ángela Montiel Castro y Anahí Huerta Arévalo.

El ex magistrado Pedro Molina Flores también fue señalado por presuntos actos de corrupción en las sentencias electorales emitidas con supuestos tintes políticos por el proceso local de 2013, de la elección de diputados y presidentes municipales.

El 27 de octubre de este año, el magistrado Elías Cortés Roa fue denunciado ante el Congreso local por un grupo de extrabajadores de diferentes administraciones municipales, que denunció actos de corrupción por alertar a los presidentes municipales sobre embargos por demandas laborales en ejecución, a fin de que estos pudieran cambiar sus cuentas bancarias.

Retrasan 12 años justicia en caso de menor

Dos recientes casos que se litigan en los juzgados de Tlaxcala buscan una sanción para los jueces por su aparente actuación discrecional, incluso, ya existe queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura de Tlaxcala.

La señora Guadalupe Mora presentó el recurso contra la juez de lo familiar del distrito judicial de Hidalgo, Guadalupe Castillo Lemus, quien se ha negado a impartir justicia por casi 11 años a una menor.

Radicada dentro del expediente 2235/2011, la señora acusó a la juez de no iniciar una demanda de pensión contra un presunto alto funcionario del IMSS en Tlaxcala, a pesar de existir una orden del Juzgado Segundo de Distrito.

De acuerdo con el caso, en enero de 2002 promovió una demanda de investigación de paternidad y, en consecuencia, de alimentos contra su pareja, ya que no quiso reconocer a su menor hija al nacer.

Así, el juez de primera instancia, con fecha 25 de junio de 2003, concedió la petición de indagar la paternidad, sin embargo, el supuesto apeló la sentencia ante la Sala Civil y Familiar del TSJE, ante los entonces magistrados Hugo Morales Alanís, Amado Badillo Xilotl y el supernumerario Rafael Juárez Castañeda.

En la nueva sentencia dictada por la Sala, el 13 de julio del 2004, ordenaron al juez anular la sentencia bajo el argumento de estar viciada de inicio, ya que supuestamente en el juicio no se nombró a la menor un tutor y la Ley confiere ese requisito o, en su caso, reiniciar el proceso.

Luego de esta nueva resolución judicial, la quejosa recurrió al amparo directo 468/2004 ante la justicia federal y, por una razón de técnica jurídica, se declararon incompetentes en el Colegiado de Distrito hasta el 13 de mayo de 2005.

Una vez que sobreseen el juicio de garantía, de 2006 a 2013, la señora tuvo que viajar de emigrante a los Estados Unidos para el mantenimiento de gastos de ella y su menor.

A su regreso, en marzo de 2013 , reactivó el juicio y al buscar el expediente 1480/2002, éste se encontraba «desaparecido» debido a que, por la separación de juzgados civil y familiar a solo familiar, cambiaron de número los expedientes y hasta principios de 2014 logró ubicarlo con el número 2235/2011.

Posterior a ello, promovió una nueva demanda ya que debería reponer el procedimiento inicial como lo dictaron los magistrados del TSJE, pero la juez de lo familiar del distrito de Hidalgo se negó a reiniciarlo, con acuerdo del 31 de octubre de 2013, bajo el argumento de «no guardar estado los autos».

Una vez más promovió un amparo federal y se le concede la razón, argumentando que se le ha negado el acceso a la justicia. Le ordenan a la juez Guadalupe Castillo Lemus iniciar con el procedimiento, pero se niega una vez más.

De nueva cuenta, recurre a la justicia federal el 24 de enero de 2014 bajo el número 87/2014 por el desacato y es cuando presentan la queja ante el Consejo de la Judicatura en Tlaxcala, el 10 de junio de este año.

Conclusión

Hoy todo parece indicar que la balanza de la justicia en Tlaxcala se inclina al mejor postor; tanto el estudio realizado por la CEDH, como los testimonios recabados dan cuenta de la urgencia de una reforma integral al sistema judicial.

Arranca el 2015 con una pequeña esperanza para que el nuevo sistema penal, que privilegia la oralidad de los juicios, coadyuve a reducir los índices de corrupción. Al tiempo.