El pasado 12 de febrero el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen que reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Para llegar a la aprobación de este proyecto, las Senadoras integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas y el resto de las y los Senadores que lo votaron, nos comprometimos a no politizar el tema por considerar que la trata de personas y los delitos de explotación son crímenes graves, que atentan contra la libertad que tiene todo ser humano de desarrollar plenamente su vida, por lo que debemos sumar, nunca restar y menos dividir.

Como antecedente, la iniciativa de origen fue presentada por 69 senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios. El proceso de análisis en el Senado, llevó cerca de 16 meses de trabajo público en conjunto con el sector académico, representantes de organizaciones civiles que atienden el tema, así como autoridades responsables de la operación y ejecución de la norma, lo que dio como resultado reformas que buscan subsanar lagunas y errores que han obstaculizado la eficaz aplicación de las disposiciones legales que combaten este terrible delito.

Asimismo, retoma principios y conceptos de distintos instrumentos internacionales, principalmente del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido como “Protocolo de Palermo”.

El interés de este Senado, siempre ha sido que este tema se atienda corresponsablemente, asegurando que todos y cada uno de los sectores involucrados participen activamente y de manera coordinada, pues tal y como han advertido especialistas, organismos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, estamos frente a un delito que es cada vez más dinámico y violento, con terribles consecuencias para el tejido social.

El pasado 4 de diciembre, este Senado recibió de la Cámara de Diputados la minuta con modificaciones, mismas que necesariamente tiene que ser revisadas, pues de aceptarse en los términos propuestos generaría impunidad para los tratantes.

La Cámara de Diputados en su carácter de revisora tiene la facultad, al igual que el Senado, de modificar la propuesta conforme al diseño de nuestro sistema democrático.

En este contexto el Senado de la República manifiesta:

·        Que es inaceptable que personas que se ven afectadas en sus intereses particulares, bajo el amparo de la supuesta defensa a las víctimas, calumnie, mienta, difame o señale a cualquier integrante de esta Soberanía como tratante, por no ceder a sus chantajes.

·        Respalda a la Senadora Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas y rechaza los señalamientos de la Señora Rosa María de la Garza, que se hace conocer como “Rosi Orozco”, porque afectan sin motivo fundado su prestigio, integridad y dignidad al mentir sobre los motivos que este Senado de la República tuvo para aprobar estas reformas.

Los señalamientos injuriosos que hace la Señora “Rosi Orozco”, no afectan sólo a la Senadora Dávila, sino al Senado en su conjunto, pues reiteramos que estas reformas fueron respaldadas y aprobadas por unanimidad.

Lamentamos que quien se dice defensora de las victimas de trata, nunca haya presentado un solo argumento técnico ni oficial, ni formal, ni verbal para enriquecer el trabajo del Senado. Sus posicionamientos sólo los ha expresado mediáticamente en contra de personas, buscando la división de la sociedad y generar sin argumentos un debate inexistente.

Para el Senado de la República el compromiso con la sociedad es generar leyes, y en particular proteger, atender y lograr justicia para las víctimas del delito de trata de personas y que fortalezcan el marco jurídico encaminado a promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos.