Faltan 42 explicaciones
9 de diciembre - 2014

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Senadora Adriana Dávila Fernández.

El domingo pasado, el Procurador General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, confirmó que con base en los datos de la Universidad de Innsbruck (Austria), se determinó que una muestra corresponde a los restos óseos de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en Ayotzinapa, Guerrero.  Si bien es cierto que el ADN tiene correspondencia con uno de los desaparecidos, el caso no está resuelto porque se debe castigar a los culpables.   Faltan 42 explicaciones que den certeza a los padres de familia, afectados y a la sociedad que demanda justicia y verdad.  ¿Dónde están?

A la luz de las evidencias publicadas por distintos medios de comunicación, el Gobierno de la República no es sensible a las demandas sociales.  De la crisis institucional causada por los casos Ayotzinapa, Tlatlaya y la poca claridad en la explicación de las casas en las Lomas de Chapultepec, tenemos un doble discurso: el presidencial y el del operador político.

Por desgracia, ambas líneas institucionales carecen de elemental sentido humano y en consecuencia, de atención a las protestas sociales. El gobierno debe tener sensibilidad para escuchar, pero más para atender las legítimas demandas de la sociedad. Los ciudadanos tienen mecanismos de comunicación instantánea, masiva y eficiente; como son las redes sociales que reportan y señalan la actuación y abusos de la autoridad.

Por un lado, el titular del Ejecutivo –a raíz de Ayotzinapa- nos recetó un Decálogo para recuperar el  Estado de Derecho y la legalidad, propuestas que ya están en proceso desde la década pasada y la mayoría son del ámbito legislativo, las cuales no contribuyen a fortalecer las instituciones y mucho menos a dar respuesta a las inquietudes.  No hay un diagnóstico de la situación nacional que dé claridad sobre los más de 2,400 municipios restantes.

Como ciudadano, Enrique Peña puede exigir justicia y el esclarecimiento de los dolorosos hechos de Iguala, así como demandar que la barbarie no quede impune. La sociedad en sus diversas manifestaciones ha expresado un contundente: ¡ya basta! A tal grado, que el propio Presidente Peña señaló el pasado 27 de noviembre que “México no puede seguir así”. Ahora, frente a la confirmación del hallazgo, no basta con mandar el pésame y hacer llamados a superar el dolor.  No es suficiente pronunciar discursos, se requieren acciones contundentes.

Por el lado del discurso del operador político, está Aurelio Nuño jefe del Gabinete, quien concedió una reveladora entrevista al diario El País, en la que no dudó en reconocer la delgada línea existente entre la esperanza y la desconfianza; aseguró que “… nos faltó una agenda más contundente en materia de seguridad y de Estado de Derecho. Nos quedamos cortos. No vimos la dimensión del problema y la prioridad que debería haber tenido… La responsabilidad de la herencia recibida es enorme, pero es una herencia de muchas décadas. Pensar que es problema de un Gobierno es no entender nada. Iguala es un problema estructural”.

En pocas palabras, deja claro el carácter autoritario que lo motiva: “No vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo, ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”.

Ahora resulta que las legítimas protestas sociales son actos teatrales y los actos vandálicos encuentran espacios para la impunidad. ¿Y la ley? Sujeta a interpretación, según la conveniencia política del momento. Así no se recupera el Estado de Derecho.

En el ejercicio público, el Gobierno de la República debe evitar la tentación de  administrar a México como si se tratara del Partido Político del Presidente de la República, en el que manda delegados a los estados en  cada proceso electoral  para definir candidaturas y trabajar la estructura  interna.   Son discursos contradictorios, acciones encontradas y sin respeto ni sensibilidad a las manifestaciones sociales para imponer decisiones unilaterales.  El punto es coordinarse con  los Poderes de la Unión, no subordinarse ni someterlos.

Acción Nacional actuará con responsabilidad. No nos negamos a cambios legislativos como parte de nuestras obligaciones,  pero seguros estamos de que el Poder Ejecutivo debe asumir su responsabilidad, revisar si es necesario los cambios en su gabinete, vigilar la política pública aplicada pero especialmente el Ejecutivo debe dejar de repartir culpas. Todos somos responsables de nuestros ámbitos de competencia.

Los normalistas de Ayotzinapa, los cientos de cadáveres encontrados en fosas clandestinas, los miles de desaparecidos, son parte de una generación de un país con millones de pobres e ignorantes, anónimos, invisibles y utilizados en las temporadas electorales; resignados a la falta de oportunidades, en un ambiente corrupto e impune, con indiferencia social… llenos de dolor e indignación.

Por ellos y por el México actual estamos llamados a cambiar, a no rendirnos.  Empecemos por participar desde nuestra colonia o comunidad.

RECUENTOS EN TLAXCALA

En el municipio de la Magdalena Tlaltelulco comenzó la entrega de lentes y atención oftálmica dirigida a las personas de la tercera edad.  Agradecimiento absoluto para la Fundación Carlos Castillo Peraza y la oftalmóloga Clara Aparicio, responsable de los exámenes visuales.