Nerviosos
2 de diciembre - 2014

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Tito y Jerónimo alistan amparos federales para no ser removidos, sin embargo los intentos por perpetuarse están condenados al fracaso ya que decepcionaron en su actuación. Sorprendente, por no decir inverosímil, es lo que le pasa a la síndico capitalina, asegura que en lo que va de su gestión lleva ¡3 atracos en su oficina!

Por Edgardo Cabrera

La determinación de la comisión especial encargada del proceso evaluador de magistrados de plazo cumplido puso a nerviosos no solo a Tito Cervantes y Jerónimo Popócatl, sino a varios de sus allegados.

De acuerdo con el dictamen elaborado por la comisión encabezada por el diputado panista, Roberto Zamora, de los 4 evaluados solo Elsa Cordero y Mario Antonio de Jesús Jiménez serán ratificados en el cargo.

La revisión de sus expedientes no ameritó ninguna observación en su actuación o en los requisitos establecidos por la ley para ser magistrados.

Por el contrario, tanto Tito (actual presidente del TSJE) como Jerónimo rebasan el máximo de edad que contempla la Constitución local para ocupar el puesto, tienen más de 65 años y eso les impide ser designados por un nuevo periodo.

Se sabe que ambos juzgadores alistan amparos federales para no ser removidos, sin embargo los intentos por perpetuarse están condenados al fracaso ya que decepcionaron en su actuación, sobre todo por las exigencias económicas con las que han condicionado su labor.

A colación, al enterarse de la noticia, ayer al interior del poder Judicial hicieron fiesta dado que ya no soportan al secretario particular del magistrado presidente Tito Cervantes, quien debería –dijeron- correr con la misma suerte de su jefe y dejar el puesto.

Y es que aseguran que don Alejandro Espejel se ha convertido en inquisidor del personal del TSJE, muchos han terminado de patitas de la calle debido a sus sugerencias, es más, algunos de los despedidos lo han cuestionado ya que por los años 90’s fue removido como juez del distrito judicial de Sánchez Piedras por presuntos actos de corrupción y aun así ocupa un alto cargo en el poder Judicial.

¿Víctima? 

Sorprendente es lo que le pasa a la síndico capitalina, asegura que en lo que va de su gestión lleva 3 atracos en su oficina. Ahora resulta que los amantes de lo ajeno están más interesados en los documentos de la funcionaria que en el área de caja de la Tesorería.

El último de los supuestos incidentes ocurrió en fin de semana y según lo que declaró a la prensa, “iban ha hurtar información delicada”, como la cuenta pública y expedientes de laudos laborales, los cuales, vale decir, no son documentos confidenciales.

Insisto, es sorprendente, por no decir inverosímil, todo lo que le ocurre a Katy Valenzuela Díaz, recordemos que no hace mucho presentó una denuncia por supuesto acoso laboral, misma que fue desechada por falta de pruebas.

Ahora con esto de los robos, sabemos que efectivamente hace dos fines de semana ingresaron a su oficina, pero no con la intención de robar, como lo presumió. Resulta que miembros del elenco de la película “Rumbos Paralelos”, que se filma en Tlaxcala, utilizaron ese espacio para hacer un cambio de vestuario.

Nos dicen que uno de los empleados del ayuntamiento, de esos con iniciativa propia, ofrecieron el despacho de Valenzuela para que tuvieran privacidad para adecuar algunos detalles de la vestimenta de los actores.

A posteriori fue informada la síndico, sin embargo, todo parece que de nueva cuenta trató de victimizarse.

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CLOACA DESTAPADA

Algo huele muy mal en los juzgados de Tlaxcala, de la noche a la mañana se han multiplicado los señalamientos en contra de quienes se suponen deben velar por el cumplimiento cabal y justo de la ley.

La semana pasada los cuestionamientos de ciudadanos fueron en contra del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Joaquín Juárez Cacho, de quien pusieron en duda su labor.

Pero no solo en materia penal hay quejas, por la vía civil y familiar las cosas no son diferentes.

Juan Antonio Luis Torres tiene al menos 7 quejas en su contra ante el Consejo de la Judicatura mismas que a la fecha no han sido resueltas. El juez despacha en el Distrito de Zaragoza-Hidalgo, en Zacatelco y sobre él pesan señalamientos por presuntos actos de misoginia.

El antecedente de Luis Torres no es nuevo, en su momento abogados de Tlaxco lo denunciaron ante el Congreso del Estado, ya que estableció “tarifas económicas” para emitir sentencias y ese recurso iba destinado a su cuenta personal bancaria.

En ese tiempo estaba asignado al Distrito Judicial de Morelos, en Tlaxco, y nos dicen que tras la queja solo ameritó su reubicación dado que supuestamente está protegido por 2 magistrados, entre ellos el ex presidente Justino.

Este lunes nos adelantan que oficializarán una nueva queja contra el juez Luis Torres ya que parece que intenta proteger a un político con “muchas influencias”, allegado a una diputada federal panista, para que se le conceda la custodia de menores pese a que existen una serie de acusaciones en su contra que no han sido debidamente consideradas.

La peligrosa

Una más es la juez de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la Libertad, Juanita Munguía Herrera, quien lleva varios señalamientos por soltar a varios reos de alta peligrosidad, asesinos y secuestradores entre ellos.

No olvidemos que incluso la presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace en mayo pasado exigió separar del cargo a la también ex magistrada de Tlaxcala al acusarla por pre liberar a secuestradores.

Por si fuera poco, el fin de semana el diario El Sol de Tlaxcala sacó a relucir una entrevista con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jerónimo Popócatl Popócatl, quien aseguró que Munguía Herrera es “más peligrosa que los delincuentes”.

Con tales señalamientos, ¿quien puede confiar en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y sus jueces?

Cero impunidad

El fin de semana la PGJE transparentó la información disponible sobre el caso de dos elementos de la Policía Estatal Acreditable que fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa por arma de fuego. Los datos se proporcionaron a solo horas del hecho.

Los implicados fueron cesados de inmediato para que en esa condición enfrenten el proceso legal con estricto apego a derecho.

A diferencia de lo que ocurre en el Judicial, el mensaje que el Ejecutivo manda a ciudadanos y servidores públicos al reaccionar así es que nadie está por encima de la ley. Que los ex policías hayan estado asignados al grupo de seguridad del Ejecutivo por la Comisión Estatal de Seguridad no significó nada a la hora de enfrentar a la justicia.

Se sabe que al momento de su participación en los hechos, motivo de la indagatoria, ambos se encontraban fuera de servicio, de modo que su conducta, motivada aparentemente por circunstancias personales, deberá sancionarse como lo marcan las normas.

Resulta positivo que la administración estatal asuma con congruencia el compromiso de combatir los privilegios, así como la impunidad y la corrupción. Definitivamente, la ley debe ser para todo y para todos para avanzar en la construcción de una sociedad justa.

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