Sen. Adriana Dávila Fernández

Durante 2 años, más los meses de la campaña electoral, el Presidente de la República y su partido político, se negaban a reconocer la grave situación de la seguridad pública nacional, la cual, en honor a la verdad, comenzó a gestarse desde hace varias décadas.

A lo largo y ancho del territorio nacional, aquellos que demandaban respuesta al problema de inseguridad, sentenciaron lo errónea e ineficiente de la estrategia emprendida por el Gobierno en turno, para garantizar la seguridad de los habitantes.  Una y otra vez prometieron un cambio radical del plan de acción, es decir, algo nuevo, distinto.  Bajo su misma lógica, limitaron y negaron los votos legislativos para consolidar las reformas en aquel entonces. Ejemplo de ello, la depuración de las policías, la conformación del mando único o la Clave Única de Población en un documento como la Cédula de Identidad, presentadas y desechadas en los últimos 2 sexenios.  Mezquindad y cálculo electoral.

Hace unos días, después de manifestaciones multitudinarias de protesta, el titular del Poder Ejecutivo Federal nos anunció a todos los mexicanos, una serie de medidas a tomar para estos momentos de crisis. «Lo importante es recuperar el  Estado de Derecho y la legalidad», nos dijo el mandatario.

Lo que presentó fue en respuesta a la presión de la sociedad civil y la opinión pública, para esclarecer los lamentables hechos de Ayotzinapa, Guerrero.  Sin embargo, hasta la fecha, las y los ciudadanos no conocemos un diagnóstico oficial, a nivel nacional, al respecto, lo que es fundamental para emprender acciones urgentes y específicas, y así evitar que se den más Ayotzinapas.

Al margen de la abierta contradicción política de la plataforma electoral que se presentó a los votantes en 2012 y la nulidad de propuestas novedosas, la estrategia tiene coincidencias sorprendentes con las del ex Presidente Felipe Calderón.  Quizás la principal diferencia es la voluntad política de los espacios del poder público.  Será muy interesante escuchar en la tribuna parlamentaria, a aquellos que ayer negaron  la posibilidad de un cambio de fondo, hoy defender las iniciativas como suyas.

Del decálogo presentado, muchas de las acciones involucran al Poder Legislativo.  Yo me pregunto, si se han aprobado leyes, reglamentos u ordenamientos en todas las materias de la administración pública y el sistema de justicia, ¿no valdría la pena, primero, vigilar la aplicación de las normas existentes, sin mayor interpretación que el acatamiento jurídico y el escrupuloso respeto a los derechos humanos?

La efectividad no puede medirse por el número de iniciativas o reformas presentadas y aprobadas por consenso, sino por la eficiente operación de políticas públicas que se traduzcan en beneficios sociales, que en este caso es terminar con el círculo perverso de justicia selectiva-corrupción-impunidad.

De nada sirve detener a los culpables de la comisión de un delito, si la participación o complicidad de la autoridad ampara a los delincuentes. Poco contribuye hacer llamados a la credibilidad de los cuerpos policiacos, si no hay una depuración previa.  Aquel que es víctima de un atraco, debe tener confianza en el sistema de procuración de justicia y los mecanismos de atención.  No es posible que se carezca de una cultura de la denuncia por considerarse inútil, burocrática o por temor a represalias.

Para enfrentar un problema, el que sea, el primer paso es reconocer la existencia del mismo. Se debe contar con voluntad para encarar las dificultades y decisión para actuar.  La situación de inseguridad pública en el país tiene factores que demandan un análisis puntual para aplicar los correctivos necesarios.

Aceptar la debilidad institucional es un reconocimiento al diagnóstico proporcionado por las administraciones públicas federales del 2000 al 2012.  Y no, no pretendo empezar con un abanico de reproches en la absurda repartición de culpas, porque el objetivo es atender y dar respuesta a las dificultades, sin olvidar qué pasó, qué hicimos o qué dejamos de hacer en el pasado para tener la situación actual.

Lo importante es que, después de 2 años, el Poder Ejecutivo reconoció que se tiene un severo problema de inseguridad pública, derivado de la fragilidad del Estado de Derecho, la corrupción e impunidad. Admitió tácitamente que gobernar no es administrar los problemas, es tomar decisiones para dar respuestas que beneficien a la mayoría.

Al concluir el primer tercio de este gobierno, propicio sería evaluar el desempeño y cumplimiento de objetivos de cada dependencia pública. No es deseable confundir necedad con fortaleza; con humildad, se debe realizar la autocrítica.

Las y los mexicanos demandan explicaciones sobre escándalos que involucran a la clase política, es decir, transparencia y rendición de cuentas; requieren garantías de seguridad más que discursos.  Sólo con sensibilidad política se encontrarán los elementos para entender y atender los justos y legítimos reclamos sociales.

Las acciones que se desarrollen darán pauta para disipar las dudas sobre el ejercicio público que, para un funcionario de cualquiera de los 3 órdenes de gobierno, abarca lo privado. Para transformar el futuro de México, debemos trabajar con responsabilidad en el presente.

Recuentos Legislativos

En la estrategia de seguridad se reconoce la necesidad de mejorar las acciones emprendidas  en varias entidades federativas, con «urgencia de atención»: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.  Se excluye al Estado de México, ¿por qué?  Tiene índices delictivo preocupantes.  Los datos del INEGI señalan que el 48% de los habitantes de este estado han sido víctimas del delito, por encima del 33% de Jalisco.