Senadora Adriana Dávila Fernández

Del universo de más de 118 millones de mexicanos, alrededor del 36.5% son jóvenes entre 10 y 29 años.  El INEGI reporta que el porcentaje de jóvenes entre 18 y 29 años, que comenten un delito, es superior al 46%;  Los cuales o quienes muy probablemente, hace unos años hayan sido víctimas; hoy, son agresores.

Al respecto, los expertos en materia penal destacan que el rango de edad del grueso de los criminales es de 19 a 35 años, y que ahora hay más mujeres involucradas en los delitos.  Vale la pena mencionar que en algún momento, esas personas tuvieron sueños, aspiraron a una vida mejor, sin embargo ante la falta de oportunidades, optaron por el camino del dinero fácil, sin importar lastimar o lucrar con el dolor humano.

Estos datos indican que hubo un descuido institucional del desarrollo integral de la niñez y la adolescencia de la década de los setentas, ochentas y parte de los noventas.  Las políticas públicas asistenciales, contribuyeron a la siembra de incertidumbre y desolación que fueron aprovechadas por redes perfectamente articuladas del crimen organizado.  Se mermaron las capacidades humanas ante la falta de oportunidades y se condenó a generaciones completas a la reproducción de miseria.

De esta manera, se ha hecho más evidente el debilitamiento del tejido social, sobre lo cual mucho se ha analizado, discutido y evaluado. La explicación es multifactorial y, para algunos especialistas, la pobreza, la inseguridad y la ausencia de un estado de derecho en las instituciones públicas, en las comunidades, zonas y regiones, las cuales son producto de la corrupción e impunidad, han propiciado que las reglas de convivencia no sean respetadas por una parte significativa de la población.

Dada la importancia que en esta dinámica social reviste el tema; la niñez, hay que resaltar las cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con respecto a que el 50% de niñas, niños y adolescentes de México viven en condiciones de pobreza.  De más de 21 millones, casi 5 millones viven en pobreza extrema, con al menos tres carencias de sus derechos fundamentales.

Porque todos esos niños de cada generación, se convierten en los hombres y mujeres del mañana, retomo lo que decía Manuel J. Clouthier. Maquío: “hay que dejar de llorar por el México que se frustró, el México que pudo haber sido y no es, para ocuparnos en la construcción del México que por su historia, su cultura, sus recursos, su posición geográfica y su gente, todavía puede y debe ser”.

Por ello es relevante la iniciativa preferente presentada por el Presidente de la República el pasado 01 de septiembre, relativa a la protección de niñas, niños y adolescentes, propuesta que fue analizada, discutida y enriquecida en más del 90% por el Senado de la República.

Este ejercicio parlamentario, incluyente de las diversas preocupaciones de la sociedad civil, la academia, autoridades especializadas y organismos internacionales, se caracterizó por no tener protagonismos. Nos unimos en un trabajo responsable que procura el bien superior de la niñez y adolescencia de México y que busca cambiar el mañana, por la vía institucional.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pretende sentar las bases para reconstruir el tejido social, garantizar derechos, demanda responsabilidad pública para el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos acorde a lo establecido por nuestra Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forma parte.

La garantía debe ser universal, con un enfoque integral, transversal y sustentable.

Para que una niña y un niño tengan un libre y sano desarrollo de la personalidad, lo primero es garantizarle sus derechos, sin distinciones ni sesgos de ningún tipo, sin importar si es de área urbana, rural o de zona indígena o si padece alguna discapacidad.

Es necesario que la niñez mexicana tenga acceso a una alimentación balanceada, que a futuro, no pongan en riesgo su salud.  Requieren de un espacio digno, limpio y seguro para vivir, con servicios básicos, vestido, calzado.

Hay que brindar oportunidades de acceso a educación de calidad; escuelas con servicios básicos, pizarrones, borradores, bancas, sillas, libros de texto, cuadernos, lápices, colores; maestros comprometidos con la enseñanza, para que niñas, niños y adolescentes aprendan a amar y respetar a su país y a su gente, independientemente de su lengua, pensamiento, costumbres, religión o cultura, en un ambiente de igualdad, con tolerancia, sin discriminación ni violencia.

Los menores tienen derecho a que las actividades recreativas y culturales sean una realidad, así como el acceso a la tecnología sin peligro alguno de ser acechados por criminales.

Se necesitan servicios de salud que atiendan una emergencia, una consulta o una enfermedad determinada con diagnóstico, tratamiento y medicinas. Cobertura con calidad, es lo deseable.

El cambio no llegará por decreto. Hay que trabajar con intensidad para que las nuevas disposiciones legislativas se armonicen, operen y apliquen en todas y cada una de las entidades conformantes de la federación.

Cada niña, niño y adolescente que esté en territorio nacional, merece tener la oportunidad de desarrollar capacidades y talentos, formarse integralmente para que, en un futuro no lejano, tenga la posibilidad de contribuir al desarrollo de su país.

En Acción Nacional reconocemos que la tarea será compleja, no sólo por los recursos que, a la brevedad, deben ser considerados por la Cámara de Diputados, porque no vienen contemplados con suficiencia, en el proyecto de presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; desde aquí, un exhorto respetuoso para la revisión puntual de lo que significa el espíritu de esta Ley General y la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

Lo más importante en la reconstrucción del tejido social, es la garantía de los derechos consagrados en esta ley, porque en los hechos, se promoverá la cultura de la legalidad; enseñará que el respeto, protección y promoción de los derechos a las niñas, niños y adolescentes son parte de las políticas públicas, en donde todos somos iguales y valemos lo mismo.

Es momento de sembrar oportunidades, y si lo hacemos bien, en un futuro no muy lejano cosecharemos el porvenir posible.  En cada niña, en cada niño renace la esperanza de la Patria.