Senadora Adriana Dávila Fernández

Estoy convencida del necesario impulso a mecanismos de supervisión y vigilancia de programas y proyectos públicos. La participación de los ciudadanos es fundamental para dar seguimiento a las diversas actividades de nuestros gobernantes, entre las cuales están las relacionadas con la seguridad de las personas, como la atención a las víctimas de la trata de personas, de violencia familiar, de la migración, entre otros.

Apropiada, profesional y continua debe ser la atención a las víctimas, sobre todo por el grado de maltrato y degradación físico-mental a los que han sido sometidas.  Por ello, el personal dedicado a estas labores debe estar capacitado y desarrollar sus tareas en lugares adecuados. Además del espacio, la atención especializada y oportuna requiere vestido, calzado, artículos de higiene personal, alimentación, y programas educativos de capacitación para el trabajo, entre otras actividades.

A la luz de algunas notas públicas, es evidente la falta de regulación y supervisión por parte de las autoridades de la administración pública federal, a refugios, albergues y casas de transición destinadas a la rehabilitación de las víctimas, sobre los programas y acciones que ahí se desarrollan.

Es menester conocer la situación en la que se encuentran estos espacios temporales, para detectar sus vulnerabilidades y corregir lo que sea necesario, ya que el uso y destino de los recursos públicos debe procurar eficiencia y optimización de resultados. Hay que centrar toda actividad en la atención a las víctimas, dado que las experiencias traumáticas a las que han sido sometidas son múltiples y afectan el libre desarrollo de su personalidad.

El proceso de reconstrucción del tejido social demanda contar con elementos mínimos para apoyar la reinserción efectiva de un afectado, así como la restauración de sus derechos.

No existen mecanismos más efectivos que la supervisión y vigilancia para corroborar las condiciones en las que trabajan diversas organizaciones dedicadas a esta labor, y la forma en la que funcionan para proteger y garantizar los derechos de las personas.

Los funcionarios de gobierno deben desarrollar protocolos para verificar que las instalaciones en las que se atiende a las víctimas sean seguras, dignas para rehabilitar a cada persona afectada y que el personal esté capacitado para que les  permitan recuperar la confianza en sí mismas.

Supervisión y vigilancia deben ser prácticas permanentes, para valorar el cumplimiento de metas, acciones y resultados.  Sólo este riguroso y constante ejercicio garantizará la transparencia y la rendición de cuentas en cada uno de los procesos. De esta forma se podrán aplicar los correctivos necesarios para generar propuestas que mejoren la atención a las víctimas.

De ahí el exhorto que propuse al Poder Ejecutivo Federal, para conformar un Grupo Plural que se integre con personal de la Secretaría de Gobernación, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Procuraduría General de la República, así como con miembros de las Cámaras de Diputados y Senadores, para supervisar y vigilar los refugios, albergues y casas de transición.

Con este grupo plural se podrá comprobar lo que funciona, corregir lo que presenta deficiencias, detectar áreas de oportunidad, y tener instituciones de asistencia social más funcionales, con organización adecuada y eficiente desempeño de su personal.

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, me permito exhortar de manera respetuosa a la Cámara de Diputados, para que analice, discuta, enriquezca y dictamine la  minuta aprobada por el Senado de la República el pasado mes de febrero.

Desde el inicio de este debate sobre las modificaciones a la Ley, han intentado desacreditar el trabajo de las Senadoras y Senadores, incluso se ha llegado a la mentira  y a la calumnia. Nos hemos preguntado: ¿cuál es la verdadera causa de esto?, ¿el desconocimiento?, ¿la ignorancia?, ¿la mezquindad?, o seguramente se están afectando intereses mercantiles de quienes han tomado este tema sólo como un asunto  de promoción y beneficio personal, bajo el cobijo de la fama y no del prestigio.

No obstante las deficiencias de la ley actual, quienes participamos en la discusión, bajo ninguna circunstancia hemos desacreditado o puesto en duda el trabajo de activistas o expertos que pueden o no coincidir con nuestros puntos de vista. Con firmeza creemos que en esta lucha, entre más voces y manos participen, el combate a este lamentable delito será más eficiente. No buscamos la paternidad del tema, ni tenemos afán protagónico. Nuestra prioridad son las víctimas o posibles víctimas. Las víctimas de trata de personas requieren atención oportuna y profesional, así como el absoluto respeto a su persona, a sus experiencias y a su dolor.

Por ello, las y los Senadores que aprobamos por unanimidad estas modificaciones, estamos seguros que sólo con el esfuerzo responsable, colectivo y comprometido, se logrará fortalecer el marco jurídico para impartir justicia de manera expedita y brindar atención a las víctimas. No podemos permitir más Casitas del Sur, La Gran Familia u otros casos que están en la impunidad por las deficiencias jurídicas que estamos combatiendo.