Alma Carina Cuevas Fernández* 

Sin duda alguna, las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2011 han sido de las de mayor trascendencia en los últimos años, impactando a los diferentes actores públicos en cuanto a sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizarlos.

En el logro de este objetivo, considero que  las instituciones de educación superior tienen un papel muy importante y, por lo tanto, grandes retos, dado que en sus aulas se forman los profesionistas que se verán obligados a cumplir con tales deberes constitucionales.

Como abogada, me refiero a la necesidad de trabajar en la reforma a los planes de estudios universitarios, a fin de armonizarlos con las reformas constitucionales  y dejar de impartir en las licenciaturas de Derecho la asignatura tradicional de Garantías Individuales para incluir asignaturas en específico sobre derechos humanos.

Esto contribuiría a generar otro perfil del abogado que se forma en las aulas, impactando en el papel que desempeñaría en la sociedad frente al descrédito que la profesión tiene. La formación del abogado, bajo los parámetros de respeto y defensa de los derechos humanos, ayudaría tanto en el mejor desempeño de la actividad jurisdiccional como en la administración pública, en el litigio o en la misma docencia;  pero, sobre todo, contribuiría a la  generación de una cultura de la resolución alternativa de los conflictos, procurando la menor judicialización de los mismos y disminuyendo el lucro a partir de los problemas de los demás.

Otro de los grandes desafíos se vislumbra en la forma en cómo enseñar el Derecho, empezando desde la comprensión, por parte de los profesores, de la trascendencia de las reformas y la nueva forma en cómo se entenderá e interpretará el Derecho. Toda vez que la gran mayoría de los abogados nos formamos bajo los esquemas positivistas y la pirámide kelseniana, no será fácil cuestionar el marco teórico que ha servido de base durante tantos años para el desempeño de un trabajo y la interpretación de una realidad.

Sin embargo, los derechos humanos no son tema exclusivo de los abogados y abogadas; se trata de un rubro que nos compete a todos como ciudadanos, independientemente de nuestra profesión o del ámbito laboral en el que nos desempeñemos, llámese iniciativa privada o administración pública.

Así entonces, resulta necesario que para contribuir a la generación de una cultura de respeto y protección a los derechos humanos se incorpore esta perspectiva de  manera transversal en los planes y programas de estudios de las diferentes instituciones de educación superior, incluyendo la impartición de asignaturas sobre derechos humanos en todas  las  opciones académicas que se ofertan.

Generar una cultura de derechos humanos nos coloca ante la posibilidad de cambiar muchos de los vicios culturales que han contribuido a mantener al país en una situación de rezago, lo que implicará repensar los mitos y símbolos de nuestra cuestionada identidad mexicana, resolviendo nuestros dilemas culturales bajo los principios del reconocimiento de nuestra dignidad y la del otro.

* Sexta  Visitadora  General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos