Tlaxcala| Manuel Morales.- Luego de que solicitara el 4 de junio un amparo federal contra una segunda inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por 10 años, el Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), le negó al suspensión definitiva del acto reclamado al ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz.

De paso le solicitó que definiera “exactamente” el motivo de su promoción judicial.

De acuerdo con la versión pública de su promoción presentada bajo el número de expediente 706/2014, esa instancia pidió que “aclarara” cuatro puntos, pues no fue claro en su solicitud de queja contra el actual gobierno del estado.

En el resolutivo primero, pregunta el juez federal que «si el decreto que señala como acto reclamado lo impugna en su carácter de norma autoaplicativa o heteroaplicativa; es decir, si lo impugna con motivo de su entrada en vigor o como resultado del primer acto de aplicación. En caso de que la ley que tilda de inconstitucional, la reclame en su carácter heteroaplicativo, deberá precisar cuál es el acto que constituye el primer acto de aplicación y cuándo tuvo conocimiento de dicho acto o le fue notificado», se lee.

En el texto siguiente de la resolución, el punto segundo demanda que “señale qué acto reclama en específico de cada autoridad señalada como responsable», pues no la especificó.

En siguiente punto de análisis, el tercero, el juez pide que el ex mandatario «manifieste sí es su deseo señalar como acto reclamado la resolución emitida el ocho de mayo de dos mil catorce -la inhabilitación por 10 años- dictado en el expediente administrativo P.R.A. 49/2012/DJ/DRA y a qué autoridad reclama dicho acto. Asimismo, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad cuándo tuvo conocimiento o le fue notificada dicha resolución».

Como punto último, el juzgador señala que «manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la notificación de la resolución dictada en autos del procedimiento administrativo número P.R.A. 49/2012/DJ/DRA seguido en su contra y a qué autoridad se la reclama; lo anterior, en virtud de que en su demanda manifiesta que debido al tipo de notificación que se le realizó no estuvo en posibilidad de agotar el recurso correspondiente. En el entendido que de señalar diversas autoridades responsables de las referidas en su escrito inicial de demanda, deberá anexar las copias suficientes de su escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio para correr traslado».

De no cumplir con este plazo, 5 días –que vencen esta semana-, el juez de distrito señala que «se tendrá por no presentada la demanda de amparo como lo solicita el promovente…».

Pese a este proceso judicial iniciado con la intención de revertir la inhabilitación por 10 años, el pasado 19 de junio del presente año, el juez federal resolvió dentro del expediente incidental la negativa de la suspensión definitiva para no ser sancionado, por lo que aún sigue el proceso y la próxima audiencia constitucional está programada para el próximo 15 de agosto.

El primer juicio por el que fue inhabilitado por 5 años para ejercer algún cargo dentro del servicio público causó estado en mayo pasado, pese a que el Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) con sede en Tlaxcala, le había concedido de forma provisional un amparo, pero en la sentencia definitiva le negó la razón al ex mandatario estatal en su procedimiento de responsabilidad administrativa R.A.116/2011/DJ/DRA.