Entregan mototaxistas unidades piratas; reciben pago del gobierno
16 de julio - 2014

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Tlaxcala| Manuel Morales.- Ante una movilización de mototaxistas de la zona sur del estado al centro de la capital del estado, más de una centena de antimotines se plantaron sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla para frenar la manifestación.

A la altura del municipio de Tepeyanco, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal como de elementos ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se plantaron en el interior de la gasolinería para detener a los manifestantes.

Desde las nueve horas los granaderos se mantenían en alerta ante la llegada de posibles transportistas de la zona sur al centro de la capital.

Y es que este mediodía ante la Secretaría de Gobierno y de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), 40 mototaxistas de Papalotla decidieron “voluntariamente” entregar sus unidades al Gobierno del Estado, el cual a su vez cubrirá una parte del valor de los vehículos para que los propietarios puedan invertirlo en otra actividad dentro de la legalidad.

Los mototaxis pertenecientes a la organización “Unión y Fuerza de Papalotla” fueron estacionados frente a Palacio de Gobierno, donde policías estatales y ministeriales se encargaron de revisarlos y asegurarlos.

El secretario de Gobierno, Ernesto Ordóñez Carera, y la titular de la SECTE, Gisela Santacruz Santacruz, recorrieron la plaza para verificar la entrega, ahí informaron que los conductores aceptaron ya no operar al margen de la Ley, pues eso iba en detrimento de su patrimonio y sus familias.

Advirtió que a partir de este jueves arrancarán operativos “en todo el estado” contra mototaxistas “que no se acogieron a este beneficio” para sacarlos de circulación, toda vez que su figura no está normada como transporte colectivo de pasajeros.

La lideresa de la agrupación, Mariela Pérez Rojano, aseveró que todavía falta determinar cuánto recibirá cada mototaxista por su unidad que está valuada en 50 mil pesos, y que la decisión fue personal debido a que perdían más económicamente cuando eran detenidos por la policía, que si continuaban brindando el servicio.