Sería omiso el Congreso de Tlaxcala en nombrar diputados de la Conferencia contra la Trata
29 de mayo - 2014

Tlaxcala| Gerardo Orta.- Pese a que el Congreso de la Unión solicitó al Congreso del Estado la asignación de los tres diputados que integren la Conferencia Nacional Contra la Trata de Personas, a la fecha, la Junta de Coordinación y Concertación Política no ha integrado dicho órgano parlamentario.

No obstante que el estado de Tlaxcala es considerado como foco rojo en materia de trata de personas, el Congreso del Estado sería omiso en el requerimiento del Congreso de la Unión.

Desde marzo pasado, la diputada local perredista Eréndira Jiménez Montiel presentó ante el Pleno del Congreso el acuerdo remitido por la Cámara Federal, para la asignación de tres diputados locales que integren dicho órgano federal.

De hecho, fue en noviembre de 2012 cuando el Senado de la República emitió un exhorto para que los 31 Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designaran a diputados de sus legislaturas para que se integraran a una comisión nacional que ayudara a armonizar las leyes en materia de combate a la trata de personas y lograr un eficaz combate a éste delito.

Cabe señalar que en México, de los 31 estados, 28 de ellos y el Distrito Federal tienen en su orden jurídico considerado a la trata de personas como tipo penal, de ellos sólo trece cuentan con una ley especial que prevé protección a las víctimas y cuatro estados no tienen tipificado este delito en sus códigos penales.

En tanto que de acuerdo al Observatorio Latinoamericano sobre la Trata y Tráfico de Personas, señala que los principales estados de la República Mexicana que tienen registro de la problemática de trata de personas son: Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tijuana, Ciudad Juárez, Distrito Federal y Oaxaca.

Entre los objetivos de la comisión planteados por la diputada Eréndira Jiménez Montiel, destaca el reafirmar la voluntad política para fortalecer la coordinación y corresponsabilidad permanente entre legisladoras y legisladores federales, estatales y asambleístas e impulsar la armonización legislativa nacional en materia de trata de personas.