Tlaxcala| Gerardo Orta.- Al presentar nuevas pruebas de las irregularidades cometidas en las obras de Ciudad Judicial y Ciudad de la Salud, el diputado local panista, Ángelo Gutiérrez Hernández, solicitó la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Roberto Romano Montealegre.

De acuerdo a los datos proporcionados por el legislador y según un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la fecha no se ha expedido resolución alguna de la dependencia a favor del gobierno del estado de Tlaxcala para el proyecto denominado “Ciudad de la Salud”, construida en la comunidad de San Matías Tepetomatitlán.

En lo que respecta a la “Ciudad Judicial” en el municipio de Apizaco, refiere que la misma Semarnat notificó que los permisos se encuentran en trámite en la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos en las oficinas centrales de la dependencia.

El legislador se remitió al artículo 27 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios en su segundo párrafo, el cual señala que sólo se puede comenzar con la ejecución de obra pública cuando se cuente, entre otros requisitos, con los estudios correspondientes totalmente terminados.

De igual forma, en su discurso el diputado Ángelo Gutiérrez señaló que de acuerdo a información de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en 2013 la adjudicación directa de obra pública tuvo un presupuesto ejecutado de 91 millones 757 mil 843.92 pesos.

De dicho monto, 59 millones 129mil 131.82 pesos, que representa el 64.44 por ciento del gasto, fue para empresas foráneas, en tanto que sólo 32 millones 628,712.10 pesos fue para empresas locales.

Dijo que por adjudicación directa, las empresas del vecino estado de Puebla han resultado las más beneficiadas, pues obtuvieron 52 millones 592 mil 891 pesos del total de los 91 millones citados.

Ángelo Gutiérrez solicitó que la comparecencia de Roberto Romano Montealegre se concrete a la brevedad posible, a fin de que explique, entre otros aspectos, cuántos proyectos de obra pública se encuentran ejecutando; las causas por las que adjudicaron obra pública en sus tres modalidades; y las empresas favorecidas.

Asimismo requiere información sobre los trámites que se hicieron y dejaron de hacer para la construcción de las obras de la “Ciudad Judicial” y “Ciudad de la Salud”; la inversión presupuestada aplicada; y la situación que guardan ambos proyectos después de la clausura.

Iniciativa Completa

Honorable Asamblea:

El que suscribe Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracciones XX y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículo 5 fracción I, 9 fracción III y artículo 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, presento ante esta LXI Legislatura del Congreso del Estado la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se solicita al Gobernador del Estado de Tlaxcala C.P. Mariano González Zarur, la comparecencia del Titular de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Como es del conocimiento de todos, durante el desarrollo de la sesión ordinaria de esta Honorable Asamblea, dentro del punto de asuntos generales el día diez de abril del año en curso, hice la denuncia de la serie de irregularidades que han estado aconteciendo en torno a la suspensión de las obras denominadas “Ciudad de la Salud” y “Ciudad Judicial” por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Como se establece en el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “para el despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, la administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley Orgánica que distribuirá las facultades que serán competencia de las secretarías del Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y liquidación de los organismos descentralizados”.

El tercer párrafo del citado artículo menciona “que cada titular de la administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza en su área, así también, del resguardo y uso adecuado de los bienes materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función”.

El artículo 10 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece que “Las obras públicas se realizarán con estricto apego a los criterios de transparencia, economía, imparcialidad, eficiencia, eficacia y honradez, a fin de poder contar con las mejores opciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, que aseguren las mejores condiciones para el Estado o los municipios”. Lo cual evidentemente no ocurre en este gobierno.

En este orden de ideas, el pasado martes 8 de abril la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró los proyectos de construcción en el Estado de Tlaxcala, denominados “Ciudad Judicial” y “Ciudad de la Salud”, ubicados en los municipios de Apizaco, Yauhquemehcan y Apetatitlán respectivamente, pues no contaban con la autorización en materia de cambio de uso de suelo forestal e impacto ambiental, exigido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Como lo mencione en su momento, estas circunstancias turbias e ilícitas provocaron el querer indagar a su servidor y seguramente a muchos más sobre la licitación y concertación de obra pública durante la presente administración.

El pasado 31 de marzo del presente año, hice llegar a la Delegación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Tlaxcala, un escrito solicitando la fecha de expedición y copia simple del Dictamen y/o Evaluación de Impacto Ambiental otorgado a favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para la ejecución de la obra denominada “Ciudad de la Salud” ubicada en el predio Cacaxcantla de la Comunidad de San Matías Tepetomatitlán, Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal; así como el Dictamen y/o evaluación del impacto ambiental respecto a la ejecución de la obra denominada “Ciudad Judicial”, ubicada en el kilómetro 80 del Libramiento Apizaco-Huamantla, y que en su defecto se me informara el estado en que se encuentra dicho trámite.

El día 21 del presente mes y año, recibí contestación de la delegación de la SEMARNAT en documento de fecha 15 de abril del presente año, con número de oficio DFT/G/0660/2014, en el que textualmente se puede leer:

“Me refiero a su solicitud de información sobre obras y actividades de la “Cd de la Salud” con presunta ubicación en la comunidad de San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, así como de las obras en la “Ciudad Judicial” en el km 80 del libramiento Apizaco Huamantla.

Al respecto le informo lo siguiente:

SE ACLARA QUE NO SE HA EXPEDIDO RESOLUCIÓN ALGUNA POR ESTA AUTORIDAD A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CIUDAD DE LA SALUD” CON PRETENDIDA UBICACIÓN EN PREDIO CACAXCANTLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, ESTADO DE TLAXCALA”.

En lo concerniente a las obras denominadas Ciudad de la Justicia:

AL RESPECTO, SE LE INFORMA QUE ESTE TRAMITE ESTA EN PROCESO DE EVALUACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS, EN LAS OFICINAS DE LA SEMARNAT EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA DENOMINACIÓN “CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA Y SU ACCESO, EN SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO, TLAXCALA.

Sin otro particular reciba un cordial saludo, atentamente el Delegado Federal, (firma) L.A.E. Ramiro Vivanco Chedraui”.

El Artículo 27 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios en su segundo párrafo señala que solo se puede comenzar con la ejecución de obra pública cuando se cuente, entre otros requisitos, con los estudios correspondientes totalmente terminados, y solo se acepta que los estudios se encuentren en trámite con un avance en su desarrollo, siempre que permita a los contratistas interesados preparar sus propuestas en forma solvente y ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión.

La SECODUVI violentando el precepto legal mencionado, comenzó con los trabajos de ambos proyectos; sin prever que no podían realizar esta planeación ni licitación sin los permisos correspondientes y exigidos por los Artículos 19 y 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, lo que orillo a la interrupción de los trabajos.

El día viernes 25 de abril, visitó nuestro Estado Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), supuestamente para la entrega de Certificados del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, en este acto el Gobernador del Estado declaro “No les busquen, el único responsable soy yo y nadie más que yo, no quieran ver mascara contra caballera, asumo la responsabilidad”, respondió luego de ser cuestionado por la suspensión de los trabajos que se realizó el 8 de abril al comprobarse que ambas carecían con los dictámenes de impacto ambiental y los correspondientes al cambio del uso del suelo, además agregó que “Los primeros que deben cumplir con la Ley son las autoridades, por lo que asumo la responsabilidad de lo que sucedió en Ciudad Judicial y de la Salud”.

Al aceptar su responsabilidad, también deberán asumir las consecuencias legales que existen por daño al ambiente y el despilfarro económico que significa para las arcas del Estado a causa de su negligencia. En próximos días estaré solicitando a la PROFEPA, que nos informe sobre las acciones legales que ha emprendido en contra de los funcionarios de la Administración Estatal, las Auditorias responsables de la suspensión de estas obras, no olvidemos la importante inversión que conllevan, la cual asciende a mil millones de pesos presupuestados en su ejecución, y en caso de construirse oficinas centrales en el mismo lugar la inversión aumentaría en 300 millones adicionales en conclusión el daño patrimonial por esta omisión tan grave puede ser de 1300 millones de pesos, esto sin contar los gastos que han ocasionado las clausuras como pagos extraordinarios de maquinaria, mano de obra, materiales de construcción entre otro muchos más conceptos, de los cuales los ciudadanos tienen que ser informados prontamente.

Habrá que revisar la situación que guarda la construcción del Proyecto Carretera – Apizaco Atlihuetzia junto a la Ciudad judicial que pretende mejorar el acceso a esta, se comenta que igual que la obra principal, su construcción se encuentra opacada por la omisión y la negligencia de estos servidores públicos y por lo que en breve se nos informará que también no cuenta con los estudios de impacto ambiental y en su caso cambio de uso de suelo. ¿De cuánto será esta obra? Es necesario que se rinda un informe claro y detallado a esta Soberanía del actuar de la SECODUVI, como lo he mencionado puede ser que la Ciudad Judicial y la Ciudad de la Salud sean solo la punta del Iceberg de un sin fin de irregularidades, muchas de ellas ya se han estado evidenciando en días recientes, por lo que les solicito a nombre de los ciudadanos que tienen derecho a conocer sobre la situación de su dinero fruto del pago de sus impuestos, que los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, los integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología dictaminen y aprueben esta iniciativa de punto de acuerdo, a la brevedad y no quede en el congelador legislativo que existe, para que el ciudadano Gobernador se le solicite, autorice la comparecencia de su secretario para que dé frente al pueblo explique qué sucede con la aplicación de estos recursos públicos.

El día 22 del mes de abril del presente año, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, dio a conocer a los medios de comunicación que recientemente admitió 18 recursos de revisión promovidos todos por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en contra de la SECODUVI, por falta de claridad y dilación en la información otorgada a solicitantes en cuanto a los procesos de licitación de obras públicas y empresas favorecidas.

Francisco Javier Mena Corona, Presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Caiptlax), informó que la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), “es la única dependencia del Gobierno del Estado que tiene recursos de revisión y en una cantidad significativa, lo que indica que existe una inconformidad importante en torno a la pobre e insatisfactoria información de oficio que debe otorgar”.

Agrego además, que los constructores adheridos a la CMIC se han quejado no solo por la falta de datos de la SECODUVI en torno a las licitaciones de obras, sino porque dan largas para entregarlos o no se encuentra en internet lo que se busca, a pesar de que la dependencia asegura tener toda la información en su página de internet.

Delfino Chamorro Macías, Presidente de la delegación Tlaxcala de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), denunció la opacidad que priva en la SECODUVI en cuanto a los procesos de licitación de obras, ya que las empresas tlaxcaltecas en su mayoría han quedado al margen de llevar a cabo los trabajos de obra pública y, en contraparte, los proyectos se han asignado a empresas foráneas o de reciente creación al inicio del sexenio presuntamente con ligas a la hija del  titular de la dependencia.

Lo anterior consta en el resumen de obras de SECODUVI del año 2013, del cual se desprende que en materia de adjudicación directa se ejecutaron un total de 111 obras, de las cuales 64 fueron para empresas foráneas, lo que representa el 57.66%, y solo 47 obras publicas que representan el 42.34% fueron para empresas locales. La cantidad de empresas que ejecutaron obra en 2013 por adjudicación directa fueron 55, de las cuales 29 eran foráneas, lo que representa el 52.73% de empresas y solo 26 eran del nuestro estado representando el 47.27%.

La adjudicación directa en el año 2013 tuvo un presupuesto ejecutado de $91,757,843.92 del cual $59,129,131.82  que representa el 64.44% del presupuesto fue par empresas foráneas, mientras que solo $32,628,712.10 fue para empresas locales que representa solo el 35.56% del presupuesto.

En cuanto a las obras que se ejecutaron mediante Invitación a cuando menos tres personas, se ejecutaron 197 en total, de las cuales el 51.78% que corresponde a 102 obras fueron para empresas foráneas y solo 95 para empresas locales con el 48.22%. De las empresas que ejecutaron estas obras, 41 eran foráneas representando el $59.42 y solo 28 eran empresas constructoras locales representando el 40.58%. Esta modalidad de adjudicación tuvo un presupuesto ejecutado de $213,922,306.15 del cual el 57.50% fue para empresas foráneas con el $123,015,104.62, mientras que el 42.50% con $90,907,201.53 fue para empresas locales.

En la modalidad de Licitación Pública Nacional se ejecutaron un total de 69 obras públicas, de las cuales 36 que representan el 52.17% fueron ejecutadas por empresas foráneas, mientras que 33 obras que representan 47.83% fueron ejecutadas por empresas locales. En este rubro hubo 35 empresas que lograron la adjudicación de obra, de estas 18 eran foráneas y 17 locales, se manejó un presupuesto total de $520,841,314.78 del cual el 72.99% fue para empresas foráneas con $380,179,385.37, mientras que para las empresas locales solo se destinaron $140,661,929.41, lo que equivale solo al 27.01% del presupuesto para Licitación Pública Nacional.

En este orden, por Adjudicación Directa las empresas del vecino Estado de Puebla han resultado las más beneficiadas, obtuvieron 52 millones 592 mil 891 pesos con cuatro centavos de un total de 91 millones 757 mil 843 pesos con 92 centavos que se destinaron a la ejecución de infraestructura básica.

Dentro del rubro de Invitación a cuando menos tres nacional, para el 2013, la bolsa para las mismas constructoras de ese estado fue de 102 millones 425 mil 812 pesos con 75 centavos; es decir, el doble de recursos que obtuvieron del año pasado, del 2012.

Dentro del tercer método de asignación de obra pública la Licitación Pública Nacional la SECODUVI duplicó el recursos para construcciones por 520 millones 841 mil 314 pesos con 48 centavos y de éste, 340 millones 202 mil 827 pesos con 58 centavos fue para las empresas del Vecino Estado.

Entregar la mayor parte de los trabajos y recursos de obra pública a empresas foráneas, violenta la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios en su Artículo 17, el cual establece que en los procedimientos de contratación, las dependencias, entidades y gobiernos municipales, en igualdad de condiciones preferirán a los contratistas del Estado.

Además de preferir a empresas no tlaxcaltecas, del listado de Invitaciones Restringidas 2013, se percibe una probable colusión entre las empresas que ejecutan obra pública, solo por citar el ejemplo de que en varios contratos celebrados participan las mismas empresas, siendo solo una la que obtiene la adjudicación de obra, como es el caso de los contratos PF-AN-IV-167-13, PF-AN-IV-166-13 y PF-AN-IV-765-13 donde participaron únicamente las empresas Constructora Brenant, S.A. de C.V. y Grupo Constructor Engrane, S.A. de C.V.,  y los contratos PF-FR-058-13, PF-FR-059-13 y PF-FR-060-13, donde se invitó únicamente a Vía Grafica Construcciones, S.A. de C.V., Proyectos Infratlax, S.A. de C.V. y Grupo Constructor Engrane, S.A. de C.V., esta última siempre resulto beneficiada.

Lo anterior sucede en repetidas ocasiones con empresas como Trejo Mendoza y Asociados, S.A. de C.V., Construcciones Desafe, S.A. de C.V., Adocretos de Puebla, S.A. de C..,

V., solo por mencionar algunos, según se desprende del resumen de las Invitaciones Restringidas de 2013, esto vulnera diversos aspectos contemplados en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Es por ello que solicito al C.P. Mariano Gonzales Zarur, gobernador del estado, la Comparecencia del Arq. José Roberto Romano Montealegre, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado para que nos aclare, en cuanto a los Proyectos denominados Ciudad Judicial y Cuidad de la Salud:

·        Los tramites que se realizaron;

·        Los que se omitieron;

·        La inversión presupuestada y aplicada;

·        La situación que guardan los proyectos denominados Ciudad Judicial y Ciudad de la Salud; y,

·        La situación que guarda la construcción del Proyecto Carretera – Apizaco Atlihuetzia a un costado de donde pretenden edificar Ciudad Judicial y la inversión para su construcción, ya que también tendería a ser clausurada puesto que no cuenta con diversos estudios.

Así mismo que también nos informe y explique en este recinto legislativo:

·        Cuantos proyectos de obra pública se encuentran ejecutando en estos momentos;

·        Que explique las causas y razones por las que adjudicaron obra pública en sus tres modalidades;

·        Las empresas favorecidas y porque lo fueron;

·        La falta de claridad y dilación en la información otorgada a solicitantes en cuanto a los procesos de licitación de obras públicas;

·        Si los trámites están en orden o si están enfrentando problemas similares a la Ciudad Judicial y Ciudad de la Salud; y,

·        Las erogaciones que se han realizado con motivo de estas.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta LXI Legislatura del Congreso del Estado la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo

Primero.- con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracciones XX y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículo 5 fracción I, 9 fracción III y artículo 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, presento ante esta LXI Legislatura del Congreso del Estado la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se solicita al Gobernador del Estado de Tlaxcala C.P. Mariano González Zarur, la comparecencia del Titular de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Segundo.- Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y XIII del artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se ordena al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, comunique el presente al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos legales procedentes.

Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil catorce.