Tlaxcala| Manuel Morales.- El Tesorero del Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, Armando López García, sería el principal responsable del embargo a 7 cuentas bancarias por 8 millones de pesos que la semana pasada realizó la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Poder Judicial en Tlaxcala.

Fuentes del ayuntamiento informaron que de las cuentas bancarias de programas federales embargadas sólo el Tesorero, Armando López; la Síndico, María Vianey Ortega León –hija del ex diputado panista Javier Ortega- y el Presidente Municipal, Lauro Martín Hernández, conocen de los números, claves interbancarias y razón social del banco donde se depositan los recursos públicos.

Por lo anterior alistan una investigación judicial para indagar la filtración de información confidencial.

A pesar del embargo millonario, de las siete cuentas públicas congeladas, sólo cinco podrían ser liberadas y los recursos de dos quedarían a favor de la familia de la difunta policía municipal Cristina Hernández quien falleciera en cumplimiento de su deber tras la promoción de demanda contra el Ayuntamiento bajo el toca 275/2010.

Funcionarios entrevistados que solicitaron el anonimato para evitar represalias, explicaron que desde el mes de marzo de este año, la Síndico “se echó a correr a la tesorería” cuando diligenciarios de la Sala Unitaria Electoral y abogados que promovieron el recurso notificaron del embargo precautorio.

Al realizar la segunda diligencia, a finales de marzo y principios de abril, la Síndico entonces agredió verbalmente a los diligenciarios y “los sacó a empujones” de su oficina por lo que los funcionarios del Poder Judicial determinaron acudir con el presidente municipal, como  parte actora, y se notificó el embargo, detallaron las fuentes.

De acuerdo con las versiones el embargo se dio a las cuentas del Ayuntamiento en el banco HSBC, ya que la autoridad judicial no especificó el número de cuentas a embargar y la institución bancaria determinó congelar todas las cuentas para evitar alguna sanción o responsabilidad.

Las cuentas a embargar cubrirían un monto de 1 millón de pesos para pagar a la familia de la extinta policía que falleció en un accidente en el 2010.