Tlaxcala| Manuel Morales.- La LXI legislatura local, actualmente enfrenta un Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que promovió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por las violaciones al marco jurídico Constitucional y no respetar el principio de “progresividad” tras la reforma al Código Penal.

De hecho, el Poder Legislativo enfrentó dos Controversias constitucionales la 18/2013 que fue resuelta y que obligó a los diputados a reformar el código a su estado inicial; actualmente la segunda controversia es la 41/2013 que se mantiene activa y para su análisis por los ministros de la SCJN.

Antes de la reforma al Código Penal, en mayo del 2013, la legislación mantenía figuras como no punibles o sancionables el que una mujer abortara por casusas como violación, culposo y por peligro de muerte.

Sin embargo, en la reforma al mismo Código en el año pasado, que pretendían una Ley de avanzada, terminó con una acción de inconstitucionalidad ya que penalizó el aborto por cuestiones de salud cuando ésta figura no estaba tipificada como delito en el primer Código Penal.

Es decir, que la legislatura saliente, dejó las figuras sin pena o castigo para mujeres que quieran abortar por causas de violación, culposo o por cuestiones de malformación genética y dejaron fuera el aborto por condiciones de salud que pusiera en peligro de muerte a la madre.

Ante ello, se derivó la primera acción de inconstitucionalidad en el sentido de dejar las cosas como estaban al principio; es decir, antes de la reforma del 2013, con las figuras de violación, culposo y por peligro de muerte a la madre.

La segunda acción de inconstitucionalidad fue promovida por la CEDH para que se integrara la figura de despenalización por causas de malformación genética.

Es decir, que Tlaxcala debe respetar los principios de progresividad en sus leyes y no de regresivídad, por ello las acciones legales para la defensa a la mujer.

Incluso, en su visita reciente a la entidad del 3 de marzo, la integrante de la Organización No Gubernamental «Grupo de Información y Reproducción Elegida» (GIRE), Alma Beltrán y Puga, dijo que estas acciones fueron promovidas ante la SCJN por las omisiones en las que incurrieron los diputados y hasta «por la doble metida de pata» a la hora de reformar el Código Penal el año pasado y que ahora deberán de corregir.