Falta de transparencia
28 de marzo - 2014

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Por Lorena Cuéllar

Para el presente año, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla un monto aproximado de 4.46 billones de pesos, cifra que representa un incremento del 8.8 por ciento de lo que fue presupuestado para el 2013.

Este aumento histórico da continuidad a la inercia ascendente que en materia de política presupuestaria se ha venido instrumentando en los últimos años, y que ha mantenido el presupuesto por encima de la inflación; de 2010 al presente año éste se incrementó en un 41 por ciento, mientras que en el mismo periodo la inflación promedio acumulada ascendió a 15 por ciento

Bajo esta magnitud y dinámica presupuestal, el Poder Legislativo debe ejercer con mayor disciplina sus función como órgano de control de las actividades y operaciones del Gobierno, para vigilar el estricto cumplimiento del marco jurídico que dé certidumbre y transparencia al ejercicio de los recurso públicos en los diversos órdenes de gobierno para garantizar su correcta utilización, eficiente y honesta.

La reforma constitucional de 2008, que adiciona la fracción XXVIII al artículo 73, otorgó al Poder Legislativo la facultad de expedir leyes que regulen la práctica contable en los tres órdenes de gobierno, estableciendo con ello, las bases jurídicas para la armonización contable y de sus cuentas públicas.

De tal manera, en 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización. En su Artículo Segundo Transitorio se establece la instalación de un Consejo Nacional de Armonización Contable, que será el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental.

En otras palabras, esta Ley y el Consejo son los pilares para la armonización contable y la emisión de información financiera, con la finalidad de homogenizar la información de las finanzas públicas, hacerlas factibles para su lectura y análisis, facilitando su escrutinio y fiscalización.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental ha tenido varias reformas con la intención de que los Estados lleven a cabo de manera progresiva las tareas que mandata en materia de homologación y presentación de la información, estableciendo una serie de plazos para su cumplimiento.

El último de estos plazos se cumplió el 31 de diciembre de 2013 y determinaba que todas las entidades deben contar con la información en sus portales de internet, así como con un software específico para que la contabilidad esté homologada.

De acuerdo con el Consejo, únicamente los municipios con población menor a 25 mil habitantes pueden ponerse al corriente con este plazo hasta 2015 y con datos disponibles hasta finales del año que acaba de concluir, Tlaxcala es uno de los Estados que incumple en su totalidad con la información financiera que debe publicar en su portal electrónico.

Como vemos, estamos frente a un serio problema que si bien aqueja a varios Estados de la República, la omisión de las autoridades del Estado que represento ha sido una constante que he denunciado en diversas ocasiones en la Tribuna del Senado de la República.

Ya sé que el Gobernador de Tlaxcala, como ha sido su costumbre va a negar lo evidente, por ello, los invito a corroborar mi propuesta, simplemente con acceder al portal de internet del Gobierno del Estado, si es que no lo bloquean antes.

Son de suma importancia los esfuerzos que en los últimos años se han hecho para facilitar los procesos de rendición de cuentas a nivel local, evitemos los actos que los detengan y apoyemos las acciones que abran la gestión pública al escrutinio de los ciudadanos.

Por lo anterior, he puesto a consideración del pleno del Senado de la República un punto de acuerdo que exhorta, respetuosamente, al Gobierno del Estado de Tlaxcala a implementar mecanismos para mejorar la calidad y disponibilidad de la información presupuestal de la entidad, en el marco del cumplimiento de las disposiciones previstas en el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y conforme a las normas y formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, cuyo plazo para su implementación venció en 31 de diciembre del 2013.