Proponen penas de hasta doce años a quienes incurran en peculado o abuso de autoridad
25 de marzo - 2014

Tlaxcala| Gerardo Orta.- Con la intención de incrementar las sanciones contra funcionarios públicos que incurran en peculado o abuso de autoridad, el diputado panista, José Gilberto Temoltzin Martínez, propuso que ambos delitos sean considerados graves para elevar las penas hasta doce años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo.

A través de una reforma al Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, sugirió que en caso de que el funcionario incurra en irregularidades durante su gestión, deberá ser enjuiciado legalmente, privado de su libertad y que no goce del beneficio de obtener libertad bajo fianza.

La pena carcelaria, se aplicará en caso de que el monto del daño causado al erario público o incluso a particulares, exceda de los 500 días de salario mínimo vigente.

Asimismo propuso la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por el término igual a la sanción impuesta, así como una multa correspondiente al 50 por ciento calculado sobre el monto del daño.

El legislador hizo referencia a los eventos recientes que se han dado a conocer en el seno de la Comisión de Finanzas, y en los que se ha informado sobre ex autoridades municipales que no cumplieron con la entrega de cuentas públicas y los procesos de entrega recepción.

Y es que consideró insuficiente los castigos en contra de funcionarios que incurran en los delitos de Peculado o Abuso de Autoridad, pues aquellos que los cometen salen libres o evitan pisar la cárcel al pagar una fianza que no corresponde al beneficio del ilícito.

Puntualizó que la corrupción es una conducta que afecta a la sociedad, así como la legitimidad del gobierno y confianza en las instituciones públicas.

Incluso, reconoció que a raíz de estas prácticas, la ciudadanía tiene la percepción de que la política es un negocio al servicio de los poderosos.

Sin embargo, hay que aclarar que para que la propuesta del legislador pueda prosperar estará condicionada a la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, y acorde al nuevo sistema de justicia penal.

La propuesta se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis respectivo.