Urge difundir programas sociales en lenguas indígenas
14 de marzo - 2014

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Por Lorena Cuéllar

 

Después de más de 20 años de ser discutida, la Asamblea General de la ONU aprobó en el 2007 la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que hace hincapié en el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo, determinado libremente de acuerdo con sus necesidades e intereses.

 

En nuestro país, el artículo 2 de nuestra Constitución establece el reconocimiento a la diversidad cultural que existe a lo largo de nuestro territorio; y, sobre todo, el respeto a las diferencias de las comunidades indígenas en un marco de autonomía que busca construir una nueva relación entre el Estado, pueblos indígenas y la sociedad. Asimismo, se establecen las instituciones y medidas políticas necesarias para garantizar los derechos indígenas, así como el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

 

En el mismo artículo de nuestra Carta Magna se habla del impulso al desarrollo regional de las zonas indígenas, por medio del apoyo a sus actividades productivas para lograr la eficiencia económica, proponiendo que los municipios asignen de manera equitativa las partidas presupuestales que las comunidades administrarán directamente para sus fines específicos.

 

Sin embargo, y pese a esta naturaleza pluriétnica y pluricultural, existente en nuestro territorio, las políticas públicas aún se encuentran muy limitadas para alcanzar el reconocimiento pleno de esta población; y todos conocemos la discriminación social de que son objeto.

 

Por ello, es necesario fortalecer nuestro marco jurídico para evitar lesionar los derechos indígenas y erradicar la discriminación como práctica, que en la mayoría de las veces se ve como una conducta normal, inconsciente de su propia inequidad.

 

Es importante señalar que el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, al establecer los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Social, plantea que estos deben garantizar el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social.

 

En este contexto se circunscribe una propuesta que pondré a consideración en el Senado de la República en próximos días, que tiene como objetivo principal que, con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se lleve a cabo una campaña de difusión de reglas y manuales de operación de los programas sociales en la lengua hablada por la población objetivo del programa que se esté difundiendo en la localidad.

 

Al respecto, cabe señalar y reconocer el reciente esfuerzo que hizo la Secretaría de Desarrollo Social al presentar recientemente la traducción a lenguas indígenas de la Guía de Programas Sociales 2014; con la intención de informar las principales características, apoyos y requisitos de los programas de la SEDESOL.

 

Si bien, esto permitirá que las personas de las diferentes etnias conozcan y tengan acceso a los beneficios y apoyos del Gobierno Federal, llevarlo a la dimensión de Ley facilitará el ejercicio de sus derechos sociales. Y no se limitará exclusivamente a la SEDESOL, sino al abanico de apoyos sociales en todas las dependencias del Gobierno Federal.

 

Parte fundamental para justificar mi propuesta es que, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en nuestro país se hablan más de 90 lenguas indígenas y se tienen 364 variantes lingüísticas pertenecientes a 11 familias lingüísticas.

 

Asimismo, el INEGI reporta, al 2010, casi 7 millones de personas mayores de tres años que hablan alguna lengua indígena, es decir, más del 6 por ciento de la población de nuestro país.

 

Por tanto, es fundamental la armonización del marco jurídico en congruencia con los derechos indígenas establecidos en nuestra Constitución. Con esto, las dependencias públicas encargadas de ejecutar programas y políticas públicas adquirirán estructura y capacidad suficiente para el respeto, y difusión de sus actividades en beneficio del sector indígena.

 

Es por demás decir, el impacto positivo que seguramente esta propuesta tendría, ya que, en palabras del CONEVAL, 7 de cada 10 residentes en un hogar indígena  están en condiciones de pobreza y uno de cada 10 en pobreza extrema. Es decir, hablamos del sector que mayor necesidad tiene de que le sean respetados sus derechos sociales y dignidad humana.

 

Finalmente, esta propuesta, comprende también las modificaciones necesarias para dejar estipulada la obligación para que la información relativa a los programas sociales, con las características ya propuestas, se publiquen en los respectivos portales electrónicos de internet.

 

Esto, es una herramienta que, sobre todo, va dirigida a la gestión local, es decir, a las cabeceras municipales, con la intención de apoyar su gestión en la promoción y difusión de programas sociales, especialmente, la de habla indígena.

 

El acceso de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas al goce de sus derechos ciudadanos y a los derechos sociales elementales, debe estar preservado celosamente en nuestro sistema normativo y en las acciones institucionales.

 

Por ello, queridos lectores pondré a consideración de mis compañeros senadores esta propuesta para adicionar el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de garantizar que los programas sociales del Gobierno Federal pueda ser difundido en la lengua que hable la población objetivo de dichos programas.