Por una cultura de inclusión de las personas con discapacidad
8 de marzo - 2014

Por Lorena Cuéllar

En nuestro país, la cultura ciudadana padece serias limitaciones para asistir a las personas con discapacidad, ya sea para entablar una comunicación con ellos, ofrecerles algún servicio o para ayudarlos en razón de sus necesidades. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, no ha visto la indiferencia de las personas al ver a una persona ciega cuando atraviesa la calle?, ¿cuántos de nosotros nos prestamos a asistirle?

Desafortunadamente, este tipo de actitudes permean a buena parte de las autoridades destinadas a operar la atención para dicho sector.

Si bien, hay importantes avances en materia de protección jurídica, rehabilitación e incorporación social, en múltiples ocasiones estas no se cumplen debido a que no hay elementos jurídicos suficientes para vigilar su ejecución.

Esto ha provocado deficiencias en la atención por parte del personal de las dependencias encargadas de resolver cualquier tipo de controversia que se presente en perjuicio de la integridad de las personas con discapacidad, pues no se implementan protocolos especiales para agilizar o privilegiar el servicio, considerando las condiciones que presentan los individuos.

Esto, además de ser injusto, ocasiona un sufrimiento innecesario ya que de cierta manera se niega el acceso a los sistemas jurisdiccionales que defienden sus derechos.

Además, lamentablemente, actuamos de manera contraria a lo que sugiere la visión basada en los derechos humanos sobre la integración entre una persona con discapacidad y el ambiente en el que vive.

Por eso, debemos cambiar y desarrollar una conciencia individual y colectiva, que defina principalmente el papel de la sociedad en relación con la realidad de las personas con discapacidad; tenemos que lograr ser incluyentes con nuestras actitudes y con la elaboración de normas de accesibilidad para ellos.

Desde la década de los años ochenta del siglo pasado, se empezaron a desarrollar modelos sociales y jurídicos de integración social de personas discapacitadas, pero los resultados no han sido los que quisieramos.

En México, en el 2011, se publicó la nueva Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de garantizar el desarrollo integral, la participación y su inclusión plena en nuestra sociedad, estableciendo obligaciones al gobierno y particulares para dar a esas personas oportunidades laborales, ayuda técnica para su desarrollo profesional, eliminar barreras arquitectónicas en inmuebles y modificar el transporte público para su beneficio, entre otras muchas.

Pero muchas de esas obligaciones establecidas en las leyes han sido hasta ahora letra muerta; estamos frente a un escenario de evidente y constante discriminación, de normatividad sin cumplir, en el que las políticas públicas son insuficientes y hasta inoperantes y, en el que la fuerza del Estado para hacer cumplir las normas relacionadas con los discapacitados, es verdaderamente precaria.

Es cotidiano ver en prácticamente todas las ciudades del país, en la vía pública, personas en sillas de ruedas, con muletas, con bastones, carentes de una alimentación diaria y hasta de un techo seguro, ya no digamos un hogar; personas que tratan de sobrevivir, mediante alguna actividad comercial informal o pidiendo limosna, exponiéndose a los naturales riesgos que representa el estar en la calle, en el mejor de los casos en alguna banqueta, pero muchos en medio del tránsito de los vehículos y demás situaciones que amedrentan y deterioran su salud.

Según datos del INEGI, en el 2011 la situación es alarmante: en México hay casi 6 millones de discapacitados, que representan más del 5 por ciento del total de la población; más preocupante aún, es el hecho de que dichas cifras no concuerdan con los datos de la Organización Mundial de la Salud los cuales indican que ya tenemos más de 10 millones de discapacitados en nuestro país.

Por todo ello, es que necesitamos ser más decididos en nuestras acciones para ayudar en la solución de esta problemática; y por ello esta propuesta dotar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de las herramientas jurídicas necesarias que lo fortalezcan y hagan posible el debido cumplimiento de las disposiciones jurídicas contenidas no sólo en la en la Ley de referencia, sino de todas las normas contenidas en otras leyes relativas a los discapacitados.

Asimismo, es indispensable lograr el que los discapacitados cuenten con una institución fuerte para la defensa de sus derechos; que tengan una vía importante de apoyo y representación gubernamental para la atención de sus problemas, independientemente de la naturaleza de éstos, que impida el vergonzoso ir y venir de ellos, de oficina en oficina, para intentar resolverlos y el duro lidear con autoridades insensibles.

Dicho de otra manera, es prioritario que el gobierno ofrezca una institución lo suficientemente fuerte, que dé respuesta a las necesidades jurídicas de los personas con discapacidad, aumentando y fortaleciendo las atribuciones que el Estado tiene en esta materia para que, a través de una sola instancia puedan atenderse los problemas que enfrenta el sector, sin importar la naturaleza de los mismos.

Por todo lo anterior me complace compartir con ustedes amables lectores que, en la próxima sesión ordinarias en el senado de la república estaremos discutiendo una iniciativa que reforma la fracción III del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad tenga dentro de sus atribuciones el asesorar jurídicamente, sin distinguir la naturaleza de las acciones respectivas y; coadyuvar con las autoridades competentes, en la aplicación de las normas correspondientes de responsabilidades de los servidores públicos, en los supuestos de incumplimiento o transgresión de normas o comisión de infracciones, referentes a la atención de personas con discapacidad.

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