Albazo
11 de febrero - 2014

Por Fernando Tamayo

Lo ocurrido la semana anterior en la Legislatura del Estado es una muestra puntual de lo que verdaderamente les interesa a los que, de acuerdo a la teoría, deben representar los intereses del pueblo tlaxcalteca.

En una primera instancia, y en un hecho inédito, fueron «renunciadas» dos mujeres que hace algunos días habían sido nombradas como las responsables de la Dirección de Comunicación Social del Congreso, así como de la Dirección de Estudios Legislativos.

Lo ocurrido con Judith Soriano y Soraya Bocardo es un acontecimiento que quedará en la historia del Poder Legislativo del Estado, no solamente por el hecho de que no existe claridad en las causas que originaron su remoción, sino que además, evidencia la inexperiencia y la preeminencia de intereses particulares de los Diputados Locales quienes, o no conocieron sus respectivos currículos o bien, en ese momento, estaban más preocupados por otras cuestiones como lo es la repartición de posiciones y decidieron nombrar al vapor a las mencionadas profesionistas. El resultado, una lamentable destitución disfrazada de «renuncia».

Pero si lo anterior no fuera causa evidente para exhibir la falta de oficio político en el Congreso tlaxcalteca, en segunda instancia, sobrevino, como ya es costumbre, la aplanadora «institucional» auspiciada por incentivos que pocos pueden rehusar y, con ello, un nuevo cambio de ruta.

La remoción del cargo del joven Diputado perredista Santiago Sesin como responsable de las finanzas del Legislativo, así como el correspondiente nombramiento de su correligionaria Erendira Jiménez, constituyó la gota que derramó el vaso en un poder donde la legalidad y los procedimientos parlamentarios queda en un segundo plano. Más allá de las circunstancias de fondo que llevaron a los diputados para revirar en su decisión respecto al Comité de Administración, la forma en que dejaron atrás a Sesin constituye en sí mismo un acto nocivo para ellos y para todo el sistema de pesos y contrapesos.

Hoy resulta lamentable observar que en Allende 31 sus inquilinos se encuentran más preocupados por las batallas tribales sustentadas en intereses privados que por el mejorar el marco jurídico estatal, particularmente, el que tiene que ver con adaptar las leyes locales a las reformas federales recién aprobadas. Es urgente que los legisladores entiendan que su papel va más allá de validar o no nombramientos o cargos directivos. Al tiempo.

Desde la barrera

Y en eso de las disputas parlamentarias los beneficiados parecen ser los ex alcaldes quienes a pesar de haber fenecido el término para entregar debidamente la administración a los nuevos responsables, la falta de compromiso ha sido una constante. La impunidad es la característica fundamental en los procesos de entrega-recepción en la Entidad. Esperemos que a la brevedad se den a conocer aquellos que no han cumplimentado el procedimiento correspondiente así como también se instruyan las acciones legales para sancionarlos.