Ex subprocurador poblano “sorprendió” a la opinión pública
9 de febrero - 2014

Tlaxcala| Manuel Morales.- El magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, no habría participado como administrador de la justicia con una sentencia “a modo” para incurrir en el delito de tráfico de influencias como lo acusó el ex subprocurador de Puebla, José Alfredo Arroyo Razo, en un asunto penal.

El pasado 31 de enero el ex funcionario poblano interpuso una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por presunto delito de tráfico de influencias dentro del toca penal 92/213 al emitir una sentencia absolutoria a favor de Miguel Ángel Aguilar Chumacero de forma irregular,  bajo un proceso viciado de ilegalidades y por estar ligado con abogados familiares de magistrados.

Es el caso del abogado Juan Pablo Hernández–hijo del ex presidente del TSJE, Justino Hernández Hernández- por el que también presuntamente se ha frenado el proceso civil desde el 2010, se revela que no participó.

De acuerdo con los autos dentro del proceso, penal a raíz de una orden de aprehensión contra Miguel Ángel Aguilar Chumacero, depositario de las prendas en disputa,  fue defendido en todo proceso por el bufete jurídico Águilar y sólo el amparo es conseguido por Juan Pablo Hernández ante el juzgado segundo de distrito para que no fuera detenido, pero sin ninguna intervención del magistrado Jiménez.

Y aunque la sentencia fue absolutoria desde el juzgado de primera instancia, el magistrado Jiménez sólo confirmó la sentencia emitida por el juzgador inicial ya que no se acreditó los hechos imputados y por ello concedió la razón al ratificarla.

Respecto de los otros demandados Alfredo Tamayo Escobar, Alfredo Tamayo Méndez, dueños de una bodega en San Pablo Apetatitlán y quienes vendieron en primera instancia maquinaria textil para elaborar colchas a Luis Alejandro Galeana Franco, Carlos Romero y a Guadalupe Cruz Hernández, como depositaria y también involucrados, estos fueron sentenciados a obtener su libertad por la juez segundo de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), María Guadalupe Alviso Murillo, mediante sentencia del 17 de junio de 2013.

Los argumentos por los que se encuentran en libertad fue por no acreditarse los delitos de despojo, más no por abuso de confianza como acusó el ex subprocurador de Puebla; es decir que una autoridad federal resolvió la demanda y no una autoridad local, como se señaló al inicio por los abogados poblanos.

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