La reforma hacendaria
31 de enero - 2014

lcccolumna

Por Lorena Cuellar Cisneros

Coincido con mi compañera de bancada la Senadora Dolores Padierna al asegurar que la reforma hacendaria no es un planteamiento serio, mucho menos es una estrategia bien definida, sino una gran impostura: un conjunto de ocurrencias apresuradas, disposiciones inconexas, medidas que atentan contra el federalismo y donde la Secretaría de Hacienda actúa vergonzosamente como el “gran legislador” y, además, como el gran lobista en el Congreso.

Es una gran impostura porque se publicitó como una reforma con sentido social, cuando, en realidad, no afecta a los más ricos y sí atenta contra las clases medias, contra los pequeños y medianos empresarios, contra quienes no tienen el poder para controlar la Bolsa Mexicana de Valores ni presionar en Los Pinos para que no les afecten con un impuesto a sus exiguos ingresos, como si lo pueden hacer los cabilderos en el caso del sector minero.

En esta gran impostura, le apostaron a dividir para vencer, no para convencer. Dividieron a la bancada de la izquierda y fracturaron cualquier posibilidad de enmendar y corregir algunos puntos que varios legisladores habíamos planteado para evitar mayor daño social, evitar la afectación a miles de ciudadanos y a pequeñas y medianas empresas que, desde hace más de cuatro sexenios, padecen una mala política económica de competencia desleal y saqueo fiscal.

En la gran impostura, los gobernadores influyeron también. Privilegiaron sus intereses inmediatos y perdieron la perspectiva del cuadro completo: no estamos ante una reforma fiscal progresista y federalista sino ante un nuevo intento de centralización y control de los recursos de las entidades, de conculcación de facultades del Congreso para cederlas ciegamente a la Secretaria de Hacienda, por encima de la Constitución y de los principios federalistas.

Lo más paradójico es que varios mandatarios estatales cabildearon para que se aprobaran algunos puntos de esta reforma fiscal que, a corto plazo, afecta al federalismo. En otras palabras, se dieron un balazo en el pie.

Estamos frente a una dinámica extralegislativa. El costo político es enorme. No sólo se anula la posibilidad de una sana división de poderes, de fortalecer el federalismo sino se afectarán a millones de ciudadanos, se endeudará el erario público para pagar deuda, no para aplicarla en grandes proyectos de inversiones que produzcan ingresos adicionales para pagarse.

El debate sobre la Ley de Ingresos de la Federación se dio en medio de un escenario de profunda desaceleración económica, con todos los indicadores a la baja. Con una caída de los ingresos tributarios y unas finanzas públicas en subejercicio. Aun así, la Ley de Ingresos aprobada con nuestro voto en contra, autoriza ingresos públicos por 4 billones, 467 mil millones de pesos. Un 13% más que el obtenido el año pasado. De ese monto, un billón 770 mil millones son de impuestos.

Adicionalmente se autoriza una deuda por 580 mil millones de pesos para subir la deuda a 6 billones de pesos, es decir, 37 por ciento del PIB. Es un monto mayor al del Fobaproa, es 10 por ciento superior a todas las participaciones federales de 2014 y 2.2 veces los recursos para educación.

Este endeudamiento es adicional a los 708 mil millones de pesos de Requerimientos Financieros del Sector Público y se autorizó que este monto pueda ser rebasado en forma unilateral por el Ejecutivo federal por un 2 por ciento del gasto neto total, es decir, 89 mil 600 millones más.

Aumentan las cargas tributarias sin que se resuelvan las enormes deficiencias en el sistema recaudatorio: los tratamientos especiales, enormes devoluciones de impuestos, compensaciones y créditos fiscales. Estos elementos son las causas reales de la baja tributación en México.

El régimen de consolidación fiscal, que Enrique Peña Nieto ofreció eliminar porque representa 750 mil millones de pesos que el fisco no registra, no se eliminó, sólo cambió de nombre y los grandes corporativos que tienen ganancias de las más grandes del mundo, seguirán pagando cifras ridículas a la hacienda pública.

Las devoluciones de impuestos en 2012 fueron 346 mil millones de pesos, de las cuales, 275 mil millones son devoluciones de IVA a grandes contribuyentes.

Las compensaciones, sumaron 557 mil millones de pesos. Los estímulos fiscales 33 mil 363 millones, los créditos fiscales ascendieron a 625 mil millones de pesos. Estas colosales cifras en su
mayoría, las obtienen grupos privilegiados y grandes contribuyentes y las pierde la Nación.
México requiere, en efecto, más ingresos. Pero retomar el crecimiento y garantizar bienestar a la sociedad demanda un cambio radical en la ruta, demanda abandonar las recetas fallidas de las últimas décadas porque sólo así podría asegurarse una justa redistribución del ingreso en la búsqueda de equidad social y el desarrollo.