Interpone ex subprocurador de Puebla denuncia contra magistrado
31 de enero - 2014

Tlaxcala| Manuel Morales.- El ex subprocurador del Estado de Puebla, a través del corporativo jurídico “Lawyer and Corp”, interpuso una denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra el magistrado ponente de la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.

Lo anterior por presunto delito de tráfico de influencias dentro del toca penal 92/213 al emitir una sentencia absolutoria a favor de Miguel Ángel Aguilar Chumacero.

En conferencia de prensa, explicó que la denuncia penal interpuesta busca que esclarezca porqué el ministerio público adscrito a la PJGE, la juez primero de lo civil de distrito judicial de Cuauhtémoc, Aurora Mercedes Moctezuma Martínez, el magistrado de la sala Penal, Jiménez Martínez y el abogado Juan Pablo Hernández–hijo del presidente del TSJE, Justino Hernández Hernández- han frenado el proceso civil desde el 2010.

Relató que el juicio civil iniciado desde el 2010, 785/2010, a la fecha no ha sido solucionado por falta de administración de la justicia y por la omisión de actos procesales del ministerio público de la PGJE.

A pregunta expresa, Arroyo Razo, dijo que en el 2010 sus clientes Carlos Romero y Luis Alejandro Galeana Franco, ambos empresarios de Puebla y éste último conoció a Alfredo Tamayo Escobar, Alfredo Tamayo Méndez, dueños de una bodega en San Pablo Apetatitlán y quienes vendieron en primera instancia maquinaria textil para elaborar colchas y tras un tiempo de renta todo iba bien hasta que los dueños de la bodega “ya no le quisieron recibir el dinero de la renta argumentando que iban a rentar las bodegas a Gamesa y debían 30 mil pesos mis clientes”.

Derivado de que la economía no andaba bien en Tlaxcala, en el 2010, el dueño Luis Alejandro Galeana Franco vendió la maquinaria a Carlos Romero bajo un proceso notarial, pero el primer dueño siguió trabajando la fábrica como trabajador, cuando de forma sorpresiva la familia Tamayo embargo una maquina con un costo de 200 mil pesos, sin que mediara un resolutivo judicial para confiscar la maquinaria “solo era un auto que los apercibía (a los empresarios) a pagar el monto de la renta.

A ello, los empresarios se amparan con la acreditación de la propiedad de los bienes pero dentro del proceso legal los números de registro de la maquinaria fueron alterados y ya no correspondían a lo solicitado ante el juzgado federal y se pierden los amparos.

Para recuperar los bienes, presentan la denuncia penal ante la PGJE bajo el número 02/2013 y logran que el señor Paul Hades, comparezca ante el Ministerio Público y relate que él mismo desarmó la maquinaria para ser vendida por los Tamayo.

Ante ello, los Tamayo acreditan a Miguel Ángel Aguilar Chumacero y Guadalupe Cruz Hernández, como depositarios, el primero compareciendo ante el MP donde admitió esa personalidad pero sin que recibiera la maquinaria; es decir, que si es depositario de los bienes, pero físicamente nunca vio nada de maquinaria.

Y la segunda depositaria, explicó que a ella le debían 450 mil pesos por concepto de renta y custodia de la maquinaria embargada y solicitaba el pago para poder liberar los objetos.

No obstante a girarse una orden de aprehensión contra Chumacero y la familia Tamayo, de forma inexplicable se frenó la detención a unos metros de cumplimentarla y 3 días más tarde ya se habían amparado ante un juez federal, pero aunado a ello, nunca se presentaron a declarar por los hechos acusados, de abuso de confianza por quitarles su maquinaria sin previa orden judicial.

En el caso de Chumacero, quien se ostentaba ser funcionario del Congreso del Estado en ese entonces, su sentencia absolutoria fue a parar a la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado por solicitar el MP una apelación contra la resolución de un juzgado penal del distrito de Guridi y Alcocer que lo dejó en libertad por considerar que faltaban elementos probatorios del delito cometido.

Esta resolución fue confirmada por el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, ya que dentro de su sentencia explicó que no hay delito que perseguir ya que el depositario nunca recibió la maquinaria y entonces no se configuró el delito de abuso de confianza.

Ante esta situación, el ex procurador de Puebla, dijo que aún sigue abierto el expediente contra Chumacero y la familia Tamayo ya que se devolvió el expediente al MP de la PGJE para continuar con las investigaciones y por ello presentó una nueva denuncia para evitar impunidad y recuperar sus bienes, aunque de entrada sabe que 11 máquinas textiles con un valor de 2 millones de pesos ya han sido vendidas y por ello las denuncias penal y civil están frenadas para evitar que se demuestre que las maquinas han desaparecido.

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