Juez de control
15 de enero - 2014

aquiahuatl

Mtro. José Antonio Aquiahuatl Sánchez*

Excelente semana, amig@s, hoy comentaremos sobre la función del Juez de control de garantías.

De acuerdo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre sus funciones se plantean entre otras las siguientes:

A los Jueces de Control les corresponde conocer de las audiencias preliminares:
•Resolver sobre el libramiento de una orden de aprehensión que solicite el Ministerio Público.
• Controlar la legalidad de una detención en los casos de urgencia o delito flagrante.
•Verificar que el Ministerio Público formule imputación de manera correcta, y que el imputado comprenda su significado y consecuencias jurídicas.
•Recibir la declaración del imputado.
•Resolver sobre si una persona queda vinculada o no a un proceso penal.
•Resolver sobre la petición de medidas cautelares.
•Dar un plazo al Ministerio Público para que cierre su investigación.
•Admitir y vigilar el desahogo de la prueba anticipada.
•Promover mecanismos alternativos de solución de controversias.
•Resolver sobre un procedimiento abreviado.
•Resolver sobre la admisión de la prueba y los acuerdos probatorios en la etapa intermedia.

Es decir, la figura del Juez de Control en el nuevo sistema de justicia penal, se centra en vigilar que se respeten los derechos fundamentales de toda persona que sea involucrada en un proceso penal. (SETEC).

Ahora bien me referir únicamente a la función de controlar la legalidad de una detención en caso de flagrancia, ya que algunos códigos procesales vigentes del Nuevo sistema de justicia penal, inclusive el proyecto de Código nacional de procedimientos penales, rompen a mi consideración el principio de continuidad y una de las principales funciones del juez de control.

Lo anterior se da, cuando los códigos permiten la caución, fianza o la libertad otorgada por el Ministerio público en casos de flagrancia.

Por ejemplo el proyecto de código nacional de procedimientos penales establece:
Artículo 139. Libertad durante la investigación.

En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá́ disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este Código.

Cuando el Ministerio Público deje libre al imputado, lo prevendrá́ a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la victima u ofendido y a los testigos del hecho, a no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas veces sea citado para la práctica de diligencias de investigación, apercibiéndolo con imponerle medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada.

Consideramos y afirmamos que aún y cuando se trate de justificar la libertad de un detenido en flagrancia, porque no se va a solicitar la prisión preventiva como medida cautelar por parte del ministerio público, se priva al juez de control de garantías de una de las principales funciones constitucionales que es precisamente verificar, calificar y garantizar la detención de la cual fue objetó una persona involucrada en un proceso penal y por ende con el principio de continuidad.

Concluyendo, toda detención, debería ser calificada por los jueces de control independiente de la medida cautelar a solicitar, porque si no de qué serviría crear un catálogo de medidas cautelares reales y personales, si los códigos permiten que el ministerio público, no esté obligado, a llevar a todos los detenidos a audiencia de control de detención.
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*Docente certificado por evaluación de la secretaría técnica para la implementación del sistema de justicia penal en México.