La reforma del sector energético y de la industria petrolera: un reto histórico
28 de junio - 2013

Por Lorena Cuéllar Cisneros
Senadora de la República  Grupo Parlamentario del PRD

lorena16LXII Legislatura

Como se sabe, con sustento en Ley de Expropiación del 23 de noviembre de 1936 y el Artículo 27 de la Constitución Mexicana, el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas expropió para la nación y la industria mexicana la exploración y explotación de los hidrocarburos. Para pagarla se contó con el apoyo solidario de un pueblo generoso que aportó lo que tenía. Desde entonces, sin ese recurso natural y sin esa actividad, el desarrollo general de México sería imposible de concebir.

Una visión responsable de dicha expropiación, propició que, a partir de la extracción, primero en la tierra y luego en el mar, de millones de barriles de petróleo, se generara una enorme cadena productiva, principalmente relacionada con la petroquímica, sustentada en las ejemplares capacidades de investigación científica y tecnológica de vanguardia, ampliamente reconocida en el mundo. Petróleos Mexicanos y sus trabajadores se alzaron como uno de nuestros más grandes orgullos de creatividad y entrega independiente y soberana durante cuatro décadas.

No obstante, en la década de los años 90 del siglo XX, se inició una estrategia de desintegración de Pemex con el objetivo de revertir este proceso y volver a poner en manos privadas, principalmente extranjeras, un recurso natural y energético hasta ahora invaluable. Desde entonces, una sobreexplotación y el abandono de su proceso productivo, convirtió a la actividad energética y a la empresa Pemex en el principal proveedor de recursos fiscales no tributarios del gobierno federal, en beneficio de aquellos inversionistas que empezaron a gozar de exenciones, evasiones y privilegios fiscales, a pesar de lo cual Pemex sigue siendo la más importante industria nacional.

Como resultado de esa sobreexplotación del recurso y del abandono de la empresa, según datos certificados por PEMEX para el cierre de 2012, las reservas petroleras son de 13.868 millones de barriles de petróleo crudo, en el entendido de que en la última década las reservas cayeron más del 54%, toda vez que en 2002, las reservas probadas eran de 25.425 millones de barriles.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la producción de crudo tiene los niveles de 1992, toda vez que al cierre de 2012 México producía 2.5 millones de barriles de crudo por día: 19.8% menos de los 3.2 millones de barriles diarios de 2002.

Según los informes financieros de Pemex, en 2002 se necesitaba una inversión de 7.000 millones de dólares anuales en exploración y explotación para ampliar las reservas. Con esa misma base, se sabe que desde 2006 la inversión pasó de 13.800 millones de dólares a 23.900 millones de dólares en 2012. La proyección para 2013 es de 25.300 millones de dólares, de los cuales 19.900 millones (79% son para exploración y producción).

Los gastos personales (nómina y directivos) se han incrementado al paso del tiempo: entre el año 2000 y el cierre de 2012, aumentaron 184%; y equivalen al 49.1% del gasto de operación.
Además, según el INEGI, el 35% de los ingresos de la Federación Mexicana provienen del 70% de los ingresos totales de PEMEX. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) registra un aumento de los gastos netos interanuales de 16.4%, de manera que entre 2007 y 2001, el incremento fue de 113.5%. El fondo de pensiones de 88 mil pensionados era de 2.032 millones de dólares en 2012. A ello agrega que para cubrir el pasivo de las pensiones, PEMEX necesitará 5.763 millones de dólares en el año 2040, a precios de 2012.

Así las cosas, se puede afirmar que, entonces, la industria y Pemex atraviesan por una profunda crisis estructural y sistémica, de dimensiones tales que deben tomarse medidas radicales para evitar que en unos cuantos años enfrentemos la ridícula posibilidad de importar petróleo crudo. Es decir, efectivamente, la realidad reclama una profunda, radical reforma energética, en particular del sector petrolero, de modo tal que se fortalezca el beneficio o la renta que se genere.

El asunto es cuál reforma es la que conviene al interés nacional. Y la respuesta sería que aquella que, primero, incremente la ganancia, el rendimiento, el beneficio, la renta o como se le quiera llamar.  Y segundo, que el grueso de esa renta sustente prioritaria y esencialmente el desarrollo del país. Es decir, la reforma que no conviene es aquella que no incremente la renta y que, además, beneficie a otros que no sean los mexicanos.

Por otra parte, es un error creer que dicha reforma, por sí sola, será la panacea para resolver los grandes problemas del país, de manera que debe relacionarse con la reforma hacendaria y fiscal; así como con una estrategia que impulse una economía diversificada de manera que el ingreso público no dependa esencialmente de Pemex; una revolución del sector energético que incluya petróleo, gas, electricidad y energías alternativas; y, finalmente, una justa distribución social de los beneficios.

Más aún, el sentido común más elemental señala que debiera priorizarse la reforma hacendaria y fiscal para entonces tener claro hasta dónde realmente puede proyectarse la energética. Es decir, una cosa es que Pemex se libere sustancialmente de su carga fiscal y otra muy distinta es que continúe colgando con ella. Obviamente, que se realice primero la reforma fiscal y hacendaria y después la energético petrolera, es una decisión política de suma importancia.

La reforma fiscal debe resolver positivamente la carga financiera de Pemex, específicamente reduciendo la tasa fiscal sobre la producción petrolera y el límite de la base impositiva para la deducción de inversiones, costos y gastos.

Si ello es así, entonces la reforma energética podría construirse, primero, a partir de  una profunda transformación y fortalecimiento tanto de la Secretaría de Energía como de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que sustente con los recursos excedentes la autonomía de gestión y presupuestal de Pemex, así como el desarrollo de la investigación científica y la innovación tecnológica, para transitar a una nueva era de inversión pública productiva orientada a la exploración, extracción, transformación, distribución de hidrocarburos, la producción de energías alternativas y los pasivos laborales.

Una vez lograda la autonomía presupuestal; es decir cuando PEMEX se libere de la excesiva carga fiscal y de las imposiciones de la Secretaría de Hacienda, entonces podrá transforma radicalmente su sistema de gestión y orientarlo, desde una lógica industrial y de negocios, a fortalecer su proceso y encadenamiento productivo.

Este sería, dicho a grandes rasgos, el sentido esencial de una reforma energética, acompañada y precedida por una reforma hacendaria y fiscal, en beneficio del desarrollo nacional y la justa distribución de los beneficios para la equidad y la igualdad social.