México no debe ser un país que criminaliza a los migrantes y viola sus derechos humanos
24 de mayo - 2013

Por Lorena Cuéllar Cisneros
Senadora de la República

En el Grupo Parlamentario del PRD, hemos sido sensibles al problema de los migrantes en tránsito en este país.

Hace unas semanas estuvo en el Senado de la República el Padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes, para hablarnos acerca de su misión para seguir apoyando a los migrantes, y que estará, como debieran estar las instituciones del estado, al servicio de los que no pueden defenderse.

Lo que México necesita, reiteró el Padre, es fijar el diálogo adecuado para establecer el camino correcto, así como generar una gran participación ciudadana con el adecuado desempeño de las autoridades.

En el México del 2013, el desprecio a las y los migrantes y las consecuencias de esta forma de violencia, es clara evidencia de la crisis humanitaria causada y ejercida por los poderes fácticos y sus intereses.

Cada año, más de 400 mil migrantes centroamericanos y de otras latitudes están expuestos, a su paso por México, a la más cruel de las violencias, en un país donde la Ley de Migración aún no alcanza a avanzar hacia un Estado de Derecho donde los Derechos Humanos de los hombres y mujeres en tránsito por nuestro país estén garantizados.

Especial atención merece las zonas de tránsito del sureste del país, donde criminales, muchas veces con la lamentable complicidad de las autoridades de los municipios cercanos al paso del ferrocarril, han generado un clima de inseguridad, vulnerabilidad, xenofobia y discriminación hacia los migrantes que por ahí transitan.

Tenosique, Tabasco y Veracruz son tres claros ejemplos, donde se vulneran los Derechos básicos de los migrantes exponiendo su integridad física y moral en manos de extorsionadores. En el estado de Tlaxcala ya se registran casos de abuso a los derechos humanos de los migrantes en tránsito y deberemos estar atentos a las formas en que están siendo atendidos los casos.

Por ello, he expresado la coincidencia que tengo con la postura que ha asumido la Senadora Ana Gabriela Guevara, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, en el sentido de exhortar a que los gobiernos estatales y municipales del sureste y del centro del país, articulen las fuerzas y medios necesarios para salvaguardar la vida de los migrantes en tránsito.

Por otro lado, el pasado mes de diciembre, con motivo del Día Internacional del Migrante, y en el contexto de una importante manifestación de la Sociedad Civil durante ese día, el Ejecutivo Federal se comprometió a la reestructuración de dicho Instituto, y sin embargo, semanas después, nombró como director a un Agente de Seguridad Nacional.

Ante la muestra de voluntad del gobierno de los Estados Unidos para avanzar en una Reforma Migratoria, México tiene la responsabilidad de actuar en consecuencia con ello y asegurar que nuestro país reconozca a la migración como un acto de dignidad que requiere la atención y el apoyo del gobierno.

El Presidente de la República debe hacer de la reestructuración del Instituto Nacional de Migración una prioridad, promoviendo un cambio en el enfoque de Seguridad Nacional para adoptar a la Seguridad Humana como guía de su quehacer, lo cual incluye el respeto a las garantías y derechos humanos adoptados por México en diversas convenciones internacionales.

De no hacerlo, el Gobierno Federal seguirá enviando el mensaje incorrecto a la ciudadanía y a los Gobiernos de nuestros países vecinos; de que México es un país que criminaliza a los migrantes y viola los Derechos Humanos de quienes por ahí transitan.