Pide Ordoñez Carrera a diputados responsabilidad para aprobar ley de Pensiones
30 de diciembre - 2012

Sábado 29 de diciembre 2012 |Tlaxcala| Redacción.- Ante la gravedad financiera por la que atraviesa Pensiones Civiles de Tlaxcala, Ernesto Ordóñez Carrera, director de esa institución, llamó a los diputados locales de las diferentes fracciones parlamentarias a asumir una posición responsable para aprobar la ley en la materia, a efecto de dar viabilidad financiera a este organismo y con ello garantizar a largo plazo los pagos y prestaciones de los jubilados y servidores públicos.

Por ello, pidió a los legisladores anteponer el interés de la mayoría por encima de los personales, grupales o partidarios.

Sostuvo que el Gobierno estatal no tiene conocimiento oficial de que el Congreso haya decidido votar por la no aprobación de la iniciativa; sin embargo, dijo que de no aprobarse la nueva ley en los términos planteados por el Ejecutivo, los jubilados actuales no tendrán la garantía de recibir prestaciones pensionarias completas, como hasta ahora.

Advirtió que los ingresos de la Institución, integrados por aportaciones del Estado y deducciones a los servidores públicos, sólo alcanzan para cubrir una quincena al mes.

“No obstante que el Poder Legislativo tiene la facultad de aprobar o no la Iniciativa, de no hacerlo, los jubilados actuales no contarán con la garantía de recibir prestaciones pensionarias de ley completas”, señaló.

Reiteró que de continuar con el esquema de operación actual de Pensiones Civiles, la situación se agravará con el tiempo en la medida en la que exista un número mayor de jubilados y pensionados.

El director insistió en que esta administración siempre ha actuado con plena responsabilidad para dar viabilidad financiera al sistema de pensiones de los servidores públicos del Estado en el corto, mediano y largo plazo.

“En todo momento se ha mostrado una apertura al diálogo para alcanzar una solución conjunta con todas las partes involucradas”, por lo que lamentó que el sindicato “7 de mayo” no participara en las mesas de discusión públicas a las que fueron convocados todos los actores involucrados y cuyo resultado es la propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso local.