Emite CNDH recomendación a edil de Zacualpan y lo emplaza a responder
27 de diciembre - 2012

13:06 Jueves 27 de diciembre 2012 |Tlaxcala| José Luis Ahuactzin.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación para el presidente municipal de San Jerónimo Zacualpan, Germán Trevera Pérez, para admitir la recomendación 86/2012 por abuso de autoridad del edil y mal ejercicio de cuatro elementos de seguridad pública.

La recomendación emitida por la CNDH, detalla que esta fue emitida derivado de la negativa del presidente municipal a admitir la recomendación 04/2012, emitida el 7 de marzo de 2012 por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), ya que el presidente municipal utilizó su embestidura para exigir la intervención al cuerpo de seguridad pública para desalojar a su hermano y familiares del predio denominado “Temas Caltitia”.

En consecuencia la CNDH ratificó la recomendación de la Comisión Estatal y emplazó con un término de 15 días para que el edil admita la recomendación y se emitan las sanciones administrativas a los 4 elementos de seguridad pública.

“Solicito a ustedes que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, en su caso, sea informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación”, dice el texto de la recomendación firmada por el presidente, Raúl Plascencia Villanueva.

Además de ello, solicita al cuerpo de regidores se integre al Consejo de Honor y Justicia para iniciar las sanciones pertinente a los elementos participantes en el desalojo del pasado 22 de abril del 2011.

“57. La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero, constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate”.